La política española asiste, de nuevo, a un episodio que ilustra a la perfección el modus operandi de un Gobierno que parece haber hecho del unilateralismo su principal seña de identidad. La reciente decisión del Ejecutivo liderado por Sánchez de someter a votación en el Congreso de los Diputados la senda de estabilidad y el límite de gasto no financiero —pasos previos e indispensables para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado— ha vuelto a poner de manifiesto una preocupante y alarmante falta de voluntad para el diálogo.

Lejos de buscar un amplio acuerdo que logre garantizar la viabilidad de las cuentas públicas y la tranquilidad económica del país, el gabinete central ha optado por la vía de la imposición, topándose de bruces con una realidad parlamentaria y territorial que se niega a ser un mero espectador de las decisiones tomadas a puerta cerrada en los despachos del Palacio de la Moncloa o del Ministerio de Hacienda.

El rechazo frontal a esta medida por parte de formaciones con visiones tan diametralmente opuestas como el Partido Popular y Junts per Catalunya no es una simple anécdota fruto de la evidente polarización de la política nacional, sino el claro síntoma de un fracaso profundo en las formas y en el fondo, señal inequívoca de que resulta imposible gobernar un país plural y fuertemente descentralizado ignorando de forma sistemática a quienes tienen encomendada la gestión más directa de los servicios públicos esenciales: las comunidades autónomas.

De hecho, la senda de estabilidad presupuestaria no es un mero trámite burocrático de paso obligado en las cámaras representativas. Tampoco una simple abstracción macroeconómica reservada únicamente a los teóricos y expertos financieros, sino que se trata de la verdadera columna vertebral sobre la que se sostiene el Estado del bienestar de nuestra nación. Tanto es así que, al establecer y blindar los objetivos de déficit y deuda pública para las distintas administraciones del Estado, el Gobierno central lo que está haciendo, en la práctica y en el día a día, es determinar cuánto dinero real podrán destinar los diferentes ejecutivos autonómicos a áreas absolutamente cruciales y sensibles como son la sanidad pública, el sistema educativo, los servicios sociales o la siempre frágil red de atención a la dependencia.

Dicho con otras palabras: con la fijación de la senda de déficit, el Gobierno está dictaminando el margen de maniobra financiero para poder contratar a más personal médico en los hospitales, para reducir las ratios de alumnos en las aulas escolares, para mejorar la red de infraestructuras y para garantizar una protección verdaderamente sólida para todos los ciudadanos. Resulta, por tanto, profundamente incomprensible e irresponsable que una medida de semejante impacto se intente tramitar de manera unilateral sin haberse dignado siquiera a sentarse a negociar de buena fe y con lealtad con aquellos que pisan el terreno a diario.

Asimismo, el flagrante desinterés mostrado por el Gobierno central hacia las legítimas reivindicaciones autonómicas constituye un evidente desprecio no solo hacia las propias instituciones que vertebran nuestro modelo territorial, sino también hacia unos ciudadanos castigados ya por la inestabilidad y la constante falta de recursos económicos.

A lo largo de los últimos tiempos, los españoles hemos observado con cierto estupor cómo los escasos foros de encuentro previstos entre el Estado y las autonomías, muy especialmente en lo que respecta al Consejo de Política Fiscal y Financiera, se han ido vaciando de contenido práctico hasta convertirse en meras puestas en escena de carácter burocrático; son auténticos teatros de cartón piedra donde el Gobierno central acude siempre con un guion cerrado e inamovible, sin la más mínima intención de escuchar, ceder, debatir o integrar las propuestas de las diferentes regiones.

Llegados a este punto, conviene recordar que informar de una decisión gubernamental que ya ha sido tomada previamente no equivale, bajo ningún concepto, a dialogar. Imponer de manera inflexible un objetivo de déficit claramente asfixiante para las cuentas de las regiones, mientras, de forma paralela, la Administración central se reserva sistemáticamente la mayor parte del margen fiscal permitido por las instituciones europeas, no es, en ningún caso, buscar un consenso constructivo.

Semejante actitud de rodillo parlamentario e institucional revela una concepción del poder y de la toma de decisiones que choca de lleno con el espíritu del Estado de las autonomías consagrado en nuestra Constitución. Las comunidades exigen y merecen un trato simétrico, sustentado firmemente en los principios de lealtad institucional, transparencia informativa y corresponsabilidad financiera de todas las partes. Ignorar de forma deliberada este mandato democrático básico y fundacional equivale a condenar al país a una tensión territorial indeseable, lastrando inevitablemente nuestro potencial de desarrollo futuro.

El mayúsculo varapalo que supone el rechazo conjunto y tajante del Partido Popular y de Junts a la pretendida senda de déficit gubernamental debería servir, como mínimo, de necesario punto de inflexión. Tendría que representar una obligada cura de humildad para un Ejecutivo central que camina a diario sobre el alambre de una minoría parlamentaria extremadamente precaria, frágil y dividida por intereses contrapuestos. Sin embargo, en lugar de asumir la cuota de responsabilidad política directa que implica la manifiesta incapacidad para forjar acuerdos de alcance, la reacción gubernamental tiende a oscilar, de forma previsible, entre el victimismo constante y la permanente culpabilización de las bancadas de la oposición.

El hecho innegable de que el principal partido de la oposición —que, además, gobierna en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y conoce, por tanto, de primerísima mano la extrema urgencia financiera a nivel territorial— coincida en su voto negativo con uno de los socios parlamentarios que resultaron imprescindibles para sacar adelante la investidura pone en franca y cristalina evidencia el altísimo grado de soledad en el que se encuentra inmerso el gabinete actual.

La política de Estado, concebida en su sentido más noble, requiere forzosamente altas dosis de empatía, de talento negociador real y de la ineludible capacidad de renuncia en aras de alcanzar el bien común general de la ciudadanía. Cuando se opta sistemáticamente por sustituir el diálogo sosegado y honesto por la imposición o por la presión mediática continuada, el único resultado verdaderamente palpable es el bloqueo normativo prolongado y la consecuente erosión del crédito y de la imagen de nuestro país. Gobernar con eficacia exige mucha más altura de miras que limitarse a intentar resistir semana tras semana parapetado tras los seguros muros del Palacio de la Moncloa. España demanda con urgencia un proyecto de país realmente integrador y la habilidad política indispensable para lograr convocar a todas las partes directamente implicadas en torno a una misma mesa de trabajo sincera y resolutiva.

La aprobación del límite de gasto y de la senda de déficit no es una cuestión técnica menor, sino que constituye el escalón inicial y fundamental para la elaboración de unos Presupuestos Generales que deberían ser capaces de dar respuestas certeras a los problemas ineludibles que afronta la sociedad: el estancamiento de los salarios, el rápido envejecimiento poblacional, el acceso a la vivienda o las desigualdades sociales persistentes a lo largo de nuestra geografía.

Desgraciadamente, ninguno de estos complejos retos y desafíos de época podrá ser abordado con las más mínimas garantías de éxito si previamente el Ejecutivo asfixia, desde el punto de vista financiero, a unas comunidades autónomas que son las encargadas, paradójicamente, de ejecutar en última instancia la gran mayoría de las políticas sociales y de protección destinadas a paliarlos.

Obligar a los distintos territorios de España a tener que asumir un ajuste presupuestario verdaderamente draconiano, mientras, en paralelo, el Estado central elude estrecharse su propio cinturón económico con esa misma severidad y rigor, constituye una muestra de deslealtad sin paliativos. Esta carencia absoluta de un consenso sólido y trabajado no hace más que alimentar un clima de incertidumbre social y económica muy perjudicial que ralentiza las inversiones de carácter estratégico, frena de manera alarmante la ejecución óptima de los tan necesarios fondos europeos y dificulta notablemente la deseada y perentoria creación de empleo de calidad en todo el tejido productivo.

Tanto es así que el bochornoso espectáculo político vivido recientemente a raíz del rotundo rechazo parlamentario a la senda de estabilidad presupuestaria es una advertencia de innegable claridad que ningún gobernante mínimamente prudente debería permitirse el lujo de echar en saco roto. El Gobierno de la nación no puede, bajo ninguna circunstancia, continuar actuando día tras día como si de verdad atesorara una cómoda mayoría absoluta de la que, a la vista de las votaciones, carece por completo; ni debe tampoco seguir tratando a las comunidades autónomas y a sus representantes democráticos legítimos como si fueran meras administraciones subalternas de segunda categoría, reduciéndolas a simples entes plenamente subordinados a sus particulares estrategias partidistas de supervivencia a corto plazo.

Es por ello que, por tanto, debe imponerse la necesidad imperiosa de llevar a cabo una rectificación de rumbo de carácter inminente, sincero y profundo. Es del todo necesario aparcar la evidente soberbia institucional demostrada hasta la fecha para poder abrir, sin mayores dilaciones engañosas ni condiciones previas que resulten inasumibles, una mesa de diálogo y de negociación verdaderamente constructiva y leal con todos y cada uno de los diferentes presidentes autonómicos. Gobernar de espaldas a la terca realidad ciudadana y prescindiendo por completo de las acuciantes necesidades operativas de quienes sostienen y gestionan el peso del Estado del bienestar supone, hoy por hoy, no solo un error de bulto en la estrategia política del gabinete, sino una gravísima irresponsabilidad de consecuencias incalculables.

En definitiva, creo que únicamente retomando de manera franca y decidida la histórica senda del consenso, del pacto de Estado y del respeto mutuo entre todas las instituciones representativas de la voluntad popular podrá España recuperar de una vez por todas ese horizonte de certidumbre económica y de estabilidad democrática que el conjunto de sus ciudadanos merece y necesita con apremio de cara a labrarse un futuro próspero, seguro y libre de inútiles sobresaltos.

El próximo 17 de agosto se cumplirán nueve años de la barbarie ocurrida en Las Ramblas, perpetrada por dos yihadistas que atropellaron a numerosos turistas, ocasionándoles la muerte a varios de ellos, entre ellos, a un niño australiano cuya madre, de origen asiático, acabaron hiriendo, pero que, por suerte, con el transcurso del tiempo logró recuperarse, aunque en la actualidad se dedique a recordar a la ciudad de Barcelona como aquella en la que perdió a su único hijo por culpa de musulmanes extremistas.

En estos nueve años que se cumplirán de la tragedia acontecida en Barcelona y Cataluña en general, parece que la clase política no ha aprendido nada de tales sucesos; y es que aún continúan fiándose de aquellos que provienen de países donde el islam domina, bajo el pretexto de que vienen a trabajar y montar sus negocios. No se dan cuenta de que esa es la típica fachada que se utiliza con el fin de despertar la simpatía de gran parte de la sociedad catalana, que a su vez es buenista.

De hecho, en la misma Barcelona puede observarse que una gran parte de este tipo de inmigración se encuentra en la mendicidad, una situación que no debería producirse, sino que lo que deberán hacer es regresar a sus países de origen para tener los cuidados necesarios. Sin embargo, su labor real es la de ponerse a vivir de las limosnas que exigen a los turistas que visitan la ciudad anualmente, incluso acosándoles mientras se encuentran en terrazas tomándose una cerveza o comiendo en un restaurante, hasta que estos no les coloquen una moneda en el vaso que portan.

Lo que antaño era una ciudad que se podía visitar con gusto y sin temor a nada se ha transformado en una en la que debes estar pendiente constantemente de por dónde caminas para evitar que tu móvil y/o cartera desaparezcan. ¿De verdad es esto lo que quieren para Cataluña los de la izquierda más radical? La respuesta a esta cuestión puede ser de lo más desoladora. Para evitar que la cosa vaya a más habrá que hacer lo que sea para evitarlo.

2030 está a la vuelta de la esquina y puede ser el año en el que perdamos la Barcelona que conocíamos hace décadas, como pasará con otras ciudades españolas con la invasión que estamos sufriendo en los últimos años, desde que tenemos como presidente del Gobierno a Sánchez, respaldado por la extrema izquierda. Dicho esto, tan solo hay que rememorar cómo era Barcelona tiempo atrás, también el resto de España. ¿Cómo ha sido nuestra infancia y lo que ha cambiado hasta entonces? Para descubrirlo todo.

No importa si rondas o superas los sesenta años o apenas estás comenzando un grado universitario en el año 2026, en el que habitamos en el tiempo presente. Los cambios en España han sido tan bruscos en estos siete años, algo que cualquiera puede notar; hasta el tonto del pueblo sabe que estoy en lo cierto. Y es que los españoles debemos demostrar que realmente amamos a este país y lo dispuestos que estamos a defenderlo. Por ese motivo, debemos evitar que nos sustituyan demográficamente, por culpa de una clase política incentivada a que este reemplazo prospere mediante ayudas económicas y cubriendo los gastos básicos a todos aquellos que vengan de fuera.

En otros países europeos ya se han rebelado contra la injusticia que se produce contra el hombre caucásico de origen europeo. Y esa es la única solución que veo para que nuestros gobernantes nos hagan caso, porque mediante mostrar nuestro rechazo a través de redes sociales no solucionamos nada; tan solo sirve para desahogarnos. Pero, desgraciadamente, el problema persiste y persistirá, además de empeorar a medida que transcurren los días. Porque mientras más pasivos seamos, peor nos irá a los españoles.

La gente podría pensar que las armas, en general, son el método más eficaz para conseguir que la gente obedezca. Y sí, probablemente estén en lo cierto. Pero hay una forma universal e infalible que afecta a casi todos los seres humanos, que es barata y para ejecutarla correctamente solo hace falta una ligera propaganda bien orquestada: hablo, evidentemente, del miedo; algo real, tangible y que destruye pensamientos racionales, convirtiéndolos en pura obediencia ciega.

Lo hemos visto recientemente con el COVID. No hizo falta presionar a los ciudadanos, pues ellos solos prefirieron quedarse en sus casas sin armar jaleo porque había un virus que mataba a cientos de personas en un solo día. Los medios de comunicación se dedicaron a alarmar con sus noticias sensacionalistas y nada más tuvieron que hacer para que millones de personas se vacunaran voluntariamente, sin saber lo que les inyectaban, pero con la convicción de que así no morirían. Afortunadamente, a los que no tuvimos miedo nos dejaron más o menos en paz.

Ahora están patrocinando un nuevo miedo ante la población: el cambio climático que, según el Gobierno, causa ansiedad en los jóvenes; otra patraña, porque mientras tú no debes contaminar con tu modesto coche, Pedro Sánchez va a la gala de su hija con un avión totalmente vacío que pagamos todos los españoles.

Los seres humanos no somos valientes; necesitamos estar dentro de la manada para sentirnos protegidos, aunque, paradójicamente, elijamos al más inútil, como pasa ahora en España, para dirigir el Gobierno. En cambio, los dueños del mundo, los de verdad, los que tienen el poder y el dinero, lo saben… y precisamente por eso les es tan fácil dirigir a las masas hacia el abismo. No les importan en absoluto las vidas humanas, porque para ellos todo es negocio; las personas somos daños colaterales.

Y, para rematar, ya solo falta que se dediquen a preparar una invasión alienígena; una invasión donde millones de naves creadas por IA invadirán el planeta Tierra, cosa que no sería descabellada que sucediera para atemorizarnos. Así que, abróchense los cinturones… que despegamos.

“Cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas”. Este dicho popular, tan castizo, resume a la perfección las técnicas informativas en los meses estivales. Nos encontramos a mediados de julio y venimos sufriendo numerosos culebrones informativos para tapar, interesadamente, los casos de corrupción de nuestros gobernantes.

Me gustaría abordar la propaganda que está generando la izquierda mediática e informativa con la excusa del Mundial de EE. UU., Canadá y México. Concretamente, en dos episodios que nos está regalando esta competición: la celebración de Keyne al ver a su hermano, Lamine Yamal, salir victorioso frente a Austria, y la polémica decisión de Donald Trump de, supuestamente, llamar al presidente de la FIFA para condonar una sanción de expulsión a un jugador estadounidense.

En el primer caso, me gustaría declarar que fui uno del 99% de españoles que se enterneció al ver a un niño de apenas tres años vibrar con un partido decisivo de la Selección Española. Casi todo el mundo vio eso: un niño español afrodescendiente que sentía, más que muchos otros autóctonos, los colores rojigualdos de España. Por el contrario, políticos como Ione Belarra o Pablo Fernández, de Podemos, y comunicadores afines al PSOE, como Sarah Santaolalla, utilizaron la raza del menor de edad para arremeter contra sus adversarios políticos.

Considero que a la izquierda española se le dan muy bien dos cosas: controlar el relato político y mediático para no ser autocríticos con sus casos de corrupción —tendiendo a tildar todo lo que le desfavorezca de «lawfare»—, además de usar políticamente a los «colectivos minoritarios»; en el caso de Keyne, a los afrodescendientes en España y a los menores. Se les llena la boca con la palabra «consentimiento», que por una parte está estupendo que lo haya, pero por otra parte olvidan que, al chaval, como es obvio, nadie le ha preguntado su posición ideológica. Me parece lamentable el uso político de los menores de edad.

Donald Trump también tiene bailando a gran parte de los progres en España. La izquierda española parece haber descubierto que el fútbol es un negocio de multimillonarios y un auténtico Risk —mítico juego de mesa de estrategia— de la geopolítica. Mi intención no es justificar los delirios del magnate estadounidense, pero sí animar a que los que controlan a nuestros gobernantes y periodistas del sistema se aúnen reclamando el peso que se merece España en el próximo Mundial del año 2030, y defendiendo la final en España en vez de que sea en Casablanca —Marruecos—. Donald Trump no hace otra cosa que poner a EE. UU. lo primero; luchemos para que España también sea el centro de las políticas nacionales y del escaparate que supondrá el Mundial 2030, organizado por España, Portugal y Marruecos.

En definitiva, considero que no deberíamos dejarnos ganar culturalmente por personajes mediáticos como Sarah Santaolalla o Ione Belarra. A la hora de la verdad, cuando se abren las urnas, sus propuestas políticas obtienen cada vez menos apoyos y, a medida que avanzan los días, despertamos con más motivos para dejar atrás a los supuestos adalides del juego limpio en la política; quizás ellos son los que más vergüenzas deberían callar.

Yo aún era de izquierdas cuando Zapatero en 2010 tuvo que adelantar elecciones porque no conseguía sacar los presupuestos. En un exceso de bisoñez, aunque disgustado, llegue a pensar que tan solo era un tonto honrado, un incompetente. Todavía recuerdo cuando se llevó a ver a Obama a las niñas vestidas de Halloween. Ahora a Truco y Trato, que ya de niñas tienen poco, les espera el banquillo de los acusados por los sucios manejos de papá.

Más allá de las joyas de galeón pirata de ZP, uno de los asuntos más turbios que le tienen atribulado es el haberse enriquecido —presuntamente— por el reparto de comida humanitaria en Venezuela. Si finalmente se demuestra que, aunque sea algo de esto, es así Zapatero no va a conocer a Dios. Es como Saturno devorando a sus propias hijas.

Delcy, su idolatrada, y segunda al mando en el narco régimen de Maduro, aterrizó en Barajas a pesar de la prohibición de la Unión europea, agasajada por Ábalos, al que acaba de caerle un cuarto de siglo en el talego. En unos días se conocerá si al hermanísimo le absuelven o bien los jueces son fachas, y a Begoña, imputada por varios delitos, le han prohibido acompañar a Pedro a Turquía por la cumbre de la OTAN y esto al parecer es un ultraje porque sin ella no habría forma de convencer a Trump de dejar de dar por culo. Ahora parece que la hija del Sabiniano es Henry Kissinger.

¿Qué tienen en común la mujer de Pedro, el hermano de Pedro y los ex colaboradores de Pedro? A un tipo al que aún nadie le imputa nada, aunque sea a título de cómplice o coparticipe. Al final será verdad aquel rumor del trato preconstitucional que concluyó que ningún presidente iría a la cárcel. O tal vez no, Pedro podría huir porque solo el tener agarrada la poltrona puede que le está librando de ir a chirona.

Hará unos tres años un servidor ya escribía en este digital que la oposición debió hacer más para no permitir que las elecciones se celebraran en pleno julio con tanto voto por correo. Tras aquello gobierna el partido numero dos junto con el número cuatro junto con otras tantas formaciones que incluyen a los herederos de ETA y a los nacionalismos más borregos de izquierdas o derechas. Más allá si lo de importar votantes con la regularización o con la ley de nietos le funciona ¿Creen que si Pedro pierde las próximas elecciones dejará el poder?

Para mí es la más retorica de las preguntas.  Sánchez ha jugado a la alta política —y por esto entiendan la más sucia de las políticas— y puede que haya vencido porque él, quizás mejor que ninguno de sus adversarios y palmeros, ha entendido mejor que nadie el alma del españolete medio y sabe que en este país hay demasiada gente dispuesta a venderse. Hablo de medios, de sindicatos, de altos y no tan altos empleados públicos, de gafapastosos y onlyfaneras en las redes opositando a gorrones. A parte, sin estar en el ajo, sin ganancia conocida, mucho ciudadano anónimo dispuesto a partirse la jeta en cualquier discusión de taberna con tal de defender el NacionalPedrismo como un jenízaro.

Además de fontaneras, mediadores, mercenarias del amor currando de funcionarias y balazos en el coche de Aldama, la última es más de una veintena de imputados por lo de la SEPI, y no dimite ni el bedel mientras un ministro que arrastra los 46 muertos de Adamuz sigue tuiteando bufonadas en X. Bajo la egida de Pedro la que muere es la izquierda, pero también quizá una parte no menor del alma de este país porque desde hace muchas décadas España vuelve a parecerse al duelo a garrotazos de Goya tras años y años de anatemizar a todo aquel que no se pliegue ante los comunicados chuminescos de Moncloa.

Todo cuanto rodea al Sanchismo huele a metástasis, a un apestoso desarreglo multicelular irreversible y Pedro, sin la menor duda, morirá matando. Lean esto último como una metáfora porque si no me veo comiéndome una querella. Tal como dicen los salmos ¿de qué le sirve a un hombre ganar un país si pierde su alma? Eso si la tiene. Cualquier día nos volvemos a quedar a oscuras y le echa la culpa del apagón a Alfonso XIII.