Hay decisiones que, por el momento en el que se producen, obligan a hacerse preguntas. Y la decisión anunciada ayer por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de convocar una huelga general de veinticuatro horas es una de ellas. No porque los trabajadores no tengan derecho a protestar. Por supuesto que lo tienen, ya que la huelga es un instrumento legítimo dentro de una democracia y forma parte de la libertad sindical, sino cuando se trata esta acción como una pieza más del tablero político y electoral, en lugar de como una herramienta concebida para defender los intereses laborales de los trabajadores. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿estamos ante una huelga laboral o ante una gran movilización política convenientemente situada a pocas semanas de unas nuevas elecciones generales?
UGT y CC.OO. han anunciado que quieren convocar un paro general para reclamar salarios dignos, además de para facilitar una vivienda digna. La decisión se produce precisamente el día en el que Pedro Sánchez anunció unas nuevas generales para el próximo 29 de noviembre. La fecha concreta de la huelga, a pesar de todavía no estar cerrada, los sindicatos ya han confirmado el acuerdo para ejecutarla, un acuerdo que deberán ratificar sus órganos de dirección.
La campaña electoral comenzará oficialmente el 13 de noviembre. Por tanto, cualquier movilización sindical organizada durante las semanas anteriores tendrá inevitablemente una dimensión política, aunque sus promotores pretendan negarlo. Esta es, sin duda, la cuestión central. Porque un sindicato tiene una cuestión de lo más esencial: representar y defender a la clase trabajadora. Su ámbito natural debería ser la negociación colectiva, los convenios, los salarios, las condiciones de trabajo, la prevención de riesgos laborales, la estabilidad en el empleo y los derechos sociales vinculados directamente al trabajo.
Es cierto que la vivienda puede afectar a la vida de cualquier trabajador. Evidentemente. Que el precio del alquiler sea elevado y que los salarios no hayan evolucionado al mismo ritmo que determinados costes, claro que resulta un problema real. Pero una cosa es defender mejoras salariales vinculadas al poder adquisitivo y otra muy distinta convertir una huelga general en una movilización política transversal contra determinadas decisiones parlamentarias y gubernamentales.
Y precisamente ahí está la contradicción. Los propios sindicatos han explicado que la convocatoria nace después del rechazo en el Congreso de los Diputados de los reales decretos-leyes relacionados con la vivienda y después de las movilizaciones impulsadas por organizaciones de inquilinos. UGT y CC.OO. han decidido incorporar al mundo laboral esa movilización social. Es decir, no estamos simplemente ante una negociación colectiva bloqueada entre empresarios y trabajadores, sino ante una movilización que nace de un conflicto político y social mucho más amplio.
Pretender que el calendario electoral no importa sería ingenuo. La propia prensa ha señalado que la movilización se plantea antes del inicio oficial de la campaña, pero dentro de una precampaña que, políticamente, ya ha comenzado. Por eso resulta legítimo preguntarse qué efecto político busca una movilización de estas características. Porque una huelga general no es una protesta cualquiera: paraliza centros de trabajo, afecta al transporte, genera una enorme repercusión mediática y coloca determinados mensajes en el centro de la agenda nacional. Y utilizarla a las pocas semanas de unas elecciones exige una explicación mucho más convincente que limitarse a decir que todo responde exclusivamente a una preocupación laboral.
Aquí aparece otro problema todavía más profundo: la credibilidad. UGT y CCOO han sido históricamente organizaciones fundamentales para el movimiento sindical español. Millones de trabajadores han estado representados por ellas y su papel en la negociación colectiva es indiscutible. Pero precisamente por eso deberían ser especialmente cuidadosas a la hora de evitar cualquier percepción de subordinación partidista.
Claro que un sindicato puede coincidir con un Gobierno, puede discrepar con él, puede convocar movilizaciones contra él e incluso coincidir con determinados partidos políticos en determinadas cuestiones; lo que no debería hacer es permitir que los ciudadanos tengan la sensación de que sus grandes movilizaciones dependen de quién gobierna. Porque entonces la pregunta es inevitable: ¿Dónde estaban los grandes paros generales cuando gobernaban otros?
La independencia sindical no consiste únicamente en afirmar que se es independiente. También consiste en demostrarlo con hechos. El trabajador tiene derecho a decidir libremente qué partido vota. Puede votar al PSOE, al PP, a Vox, a Sumar, a Podemos, al BNG o a cualquier otra opción. También puede no votar. Pero un sindicato debería representar a todos ellos. Ahí reside precisamente su legitimidad.
El problema surge cuando una movilización sindical empieza a utilizar un lenguaje, unos objetivos y unos tiempos que coinciden claramente con la batalla política previa a unas elecciones. Porque entonces el trabajador corre el riesgo de dejar de ser tratado como trabajador para convertirse en masa de movilización política. Y eso no es sindicalismo independiente, sino otra cosa muy distinta.
España tiene un problema serio de acceso a la vivienda. Negarlo sería absurdo, ya que hay dificultades para acceder al alquiler, especialmente entre jóvenes y trabajadores con salarios medios. También existe un déficit de vivienda asequible y una enorme diferencia entre determinadas zonas tensionadas y otras partes del territorio. Pero precisamente por eso, la respuesta debería ser mucho más seria que una huelga general.
Hace falta construir vivienda, aumentar la oferta, facilitar suelo, agilizar licencias, reducir trabas burocráticas, mejorar la seguridad jurídica y favorecer que existan más viviendas disponibles para alquiler y compra. También hay que mejorar los salarios y la productividad. Y, sobre todo, hay que dejar de convertir la vivienda en un arma partidista. Porque si el problema es estructural, la solución también tiene que ser estructural.
UGT y Comisiones Obreras todavía están a tiempo de demostrar que esta convocatoria no responde a intereses partidistas. La forma más sencilla no sería otra que defender exactamente lo mismo gobierne quien gobierne. Que reclamen mejores salarios cuando gobierna la izquierda y cuando gobierna la derecha. Que protesten contra la precariedad independientemente del color del Ejecutivo. Que defiendan a los trabajadores, aunque sus reivindicaciones incomoden a sus aliados políticos. Y que nunca permitan que una huelga general parezca diseñada para beneficiar electoralmente a una determinada opción.
Porque los sindicatos no son partidos políticos. Su obligación es representar a los trabajadores y, si quieren recuperar o mantener la confianza de quienes pagan cuotas, trabajan, madrugan y llegan a fin de mes, deberían recordar algo muy sencillo: un sindicato fuerte no necesita un Gobierno amigo; necesita independencia, credibilidad y capacidad para defender a sus afiliados frente a cualquier Gobierno.
La huelga es un derecho. La protesta es legítima. La reivindicación social también. Pero cuando todo eso se coloca a escasas semanas de unas elecciones generales, después de un conflicto político en el Congreso de los Diputados y en coordinación con movimientos sociales que reclaman precisamente una movilización general, es perfectamente legítimo preguntarse si estamos ante una verdadera reivindicación laboral o ante una campaña política disfrazada de conflicto sindical. Y esa pregunta, guste o no a UGT y Comisiones Obreras, merece una respuesta. Porque los trabajadores no son patrimonio de ningún partido. Son ciudadanos libres. Y merecen sindicatos que los defiendan, no organizaciones que pretendan decirles cómo deben votar.
Por eso deben vivir de las cuotas de los trabajadores y no de las subvenciones del bipartidismo. Quien paga, manda