Hay una ley no escrita en la política patria que dice que, cuando un juez no te gusta, la solución no es presentar recursos, sino buscar la gomina de algún “fontanero” de confianza para que te gestione el incómodo imprevisto. Si la causa aprieta y al hermano de turno le crecen los enanos en el juzgado, siempre queda el viejo arte de llamar al clan de turno para ver si hacen ofertas de temporada. Un dos por uno: tú me archivas el asunto de las comisiones y yo te dejo un bonito encargo sobre la juez Beatriz Biedma. Todo muy refinado, muy de diplomacia de alta cúpula, muy del siglo XXI.
Y resulta imposible no acordarse de que todo este capítulo empezó a gestarse en los meses posteriores a aquella famosa carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez, cuando el presidente decidió tomarse cinco días de reflexión para explicarnos que era un hombre profundamente enamorado y que estaba dispuesto a parar para pensar si merecía la pena continuar al frente del Gobierno. En aquella carta y en su posterior comparecencia habló de dignidad, de respeto, de regeneración, de juego limpio y de acabar con el fango que, según él, estaba colonizando la vida pública. La ironía, vista desde hoy, resulta difícil de mejorar: mientras se nos hablaba solemnemente de limpiar el fango, alguien parece haber estado buscando las botas de agua.
El plan tiene la elegancia de una película de sobremesa de domingo, pero con guionistas que claramente han leído demasiado a Mario Puzo y demasiado poco el Código Penal. Pretender “eliminar” o desarmar a una instructora judicial con el sofisticado método de la conspiración de taberna es como intentar apagar un incendio forestal echándole bidones de gasolina mientras gritas que la culpa es del cambio climático. ¿Que la Justicia no avanza como a uno le conviene? Pues nada: se abre la persiana del rincón más oscuro del submundo criminal, se ofrecen un par de favores y se espera que la Fiscalía cierre los ojos, la boca y, de paso, el expediente.
Lo fascinante de esta suerte de Sopranos de vía estrecha no es solo la audacia de los supuestos intentos de presionar a la magistrada, sino la ingenuidad con la que algunos parecen creer que estas maniobras quedan atrapadas en la niebla de los despachos. Creen que están jugando al ajedrez geopolítico en la sombra cuando, en realidad, están jugando a la gallinita ciega en medio de un campo de minas. Pretender que un clan te resuelva los apuros judiciales a cambio de impunidad es el equivalente a pedirle a un pirómano que te haga de perito del seguro del hogar: el resultado previsible es que termine ardiendo hasta los cimientos.
Y aquí aparece la parte verdaderamente delirante del asunto: si para librarse de un procedimiento judicial necesitas recurrir a personajes del submundo criminal, quizá el problema ya no sea solamente el procedimiento judicial. Quizá el problema sea el método. Porque una cosa es intentar defenderse ante un juez y otra muy distinta es que la defensa empiece a parecerse al casting de una película de mafiosos de bajo presupuesto.
Pero conviene detenerse un segundo y quitarle la capa de sarcasmo al asunto, porque debajo de toda esta astracanada hay algo que, si se confirma judicialmente, sería de una gravedad extraordinaria. No estaríamos hablando simplemente de una campaña de desprestigio, de una pelea política o de unos cuantos fontaneros haciendo horas extras. Estaríamos hablando de utilizar, presuntamente, a personas vinculadas al narcotráfico para intentar apartar a una jueza que investigaba una causa que afectaba al hermano del presidente del Gobierno. Y eso toca directamente el nervio de un Estado de derecho: la independencia de quien investiga, juzga y decide. La propia Biedma ha pedido personarse como perjudicada y sostiene que hubo contactos con un clan para actuar contra ella; esas afirmaciones están siendo objeto de investigación judicial.
Y hay algo todavía más inquietante: según la información publicada, Cintia Rocho ha confirmado haber recibido datos personales de la magistrada, incluida la dirección de su domicilio y fotografías suyas. Si esos extremos terminan acreditándose y se demuestra que formaban parte de una operación destinada a intimidar, desacreditar o apartar a una jueza, la palabra “cloaca” se quedaría incluso corta. Porque una democracia puede sobrevivir a un político mediocre, a una campaña de propaganda o a mil discusiones partidistas. Lo que no puede normalizar es que alguien piense que una toga incómoda se resuelve buscando quién puede asustar a quien la lleva.
Si al final resulta que las alcantarillas estaban de liquidación por cierre, ofreciendo paquetes de “paz judicial”, el cuadro no solo sería de una gravedad institucional absoluta, sino de un nivel de ridiculez supremo. Porque en este país se puede ser muchas cosas, pero intentar hacerle la cama a un juez tirando de matones de catálogo y promesas de sobreseimiento demuestra que algunos no solo han perdido el respeto a la ley, sino también el más elemental sentido del ridículo. Mientras tanto, la jueza Biedma sigue en su sitio, firmando providencias, mientras en la trastienda siguen buscando en Google cómo se desinstala un juzgado de instrucción. Y lo peor es que, viendo el nivel de imaginación de algunos fontaneros, cualquier día encuentran el tutorial.
