El lunes pasado, la ONU y, más concretamente, la UNESCO, conmemoraron el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Proclamado por primera vez en 2015 y adoptado formalmente por la Asamblea General de la ONU en 2019, este año 2026 tiene el siguiente lema: “Defender la integridad de la información en la era digital: el papel del acceso a la información frente al desorden informativo”.
En España, dicho derecho tiene la categoría de fundamental y se recoge constitucionalmente en el artículo 20. También está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Ambos textos, la Constitución de 1978 y la DUDH, están muy relacionados, ya que nuestra Carta Magna interpreta los derechos fundamentales y libertades conforme a dicho texto de la ONU, entre otros tratados internacionales (art. 10.2 CE).
El rigor informativo no es patrimonio de las trincheras políticas; quizás cuanto más politizado esté un medio de comunicación, periodista o comunicador, menos confianza genera en el público en general. Mi intención en este artículo será claramente denunciar prácticas, no poner el objetivo en el mensajero.
El caso típico de sensacionalismo político se da sobre todo en el ámbito procesal. Son frecuentes los titulares impactantes que afirman que los jueces piden una pena determinada, generalmente alta, para un caso que, en la práctica, no es para tanto. En estos casos se suele confundir el techo procesal de un procedimiento abreviado (art. 757 LECrim), que tiene unas penas determinadas, con la tipificación penal abstracta, que tiene otras. A veces, por desconocimiento, y otras, por la necesidad de generar un clickbait, el redactor incluye un titular y un cuerpo de noticia que poco o nada tienen que ver con la realidad.
Otra actividad que considero desorden informativo es la proliferación de reporteros que tienen, unas veces, el objetivo de dar la nota para hacerse virales en redes sociales y, en otras ocasiones, van más allá y fuerzan una persecución callejera para promocionar su línea de ropa. Resultan alarmantes las prácticas nada éticas que consisten en publicar de forma implícita dónde viven determinados personajes públicos. Es cierto que ese tipo de reporteros se cubren las espaldas y no enfocan directamente el nombre de la calle, pero, en la actualidad, el Street View de Google puede ser utilizado como búsqueda inversa para localizar calles de personajes noticiables o no, y acosarlos, no por el reportero, sino por otras personas o grupos ideológicamente opuestos. Este último caso es un evidente conflicto entre la libertad de información (art. 20.1.d CE) y el derecho a la intimidad y la propia imagen (art. 18.1 CE). Con las redes sociales y la viralización de ciertos contenidos, se está creando, por desgracia, una prensa rosa en torno a la crónica política.
Pero, siendo honestos, también hay que decir que perseguir hasta su domicilio a un representante público no se está dando solo en el presente, sino que es una práctica que lleva varias décadas instaurada. ¿Cuál es la diferencia? El alcance público: actualmente, cualquiera puede tener un smartphone y un micrófono y retransmitir una persecución callejera, obteniendo centenares de miles de visualizaciones. Es la pescadilla que se muerde la cola. No estoy queriendo decir que los desórdenes informativos estén generados por personas que no son periodistas. Probablemente, hay muchos licenciados o graduados en Periodismo que cometen dichas acciones.
Es muy preocupante que sean los propios profesionales los que vulneren constantemente la deontología, en el caso más leve, y abusen del derecho constitucional a una información veraz. Quiero remarcar lo de veraz. España no es un estado bananero de izquierdas o de derechas; España es un Estado social, democrático y de derecho en el que, como bien he indicado, existen unos derechos fundamentales, pero también unos deberes u obligaciones.
Creo firmemente que vivimos en una democracia, pero que todavía queda muchísimo por avanzar. La desinformación es un reto que nos atañe a todos y está protagonizada por profesionales de todo el espectro ideológico; hay que erradicar prácticas y corregir a los periodistas y comunicadores que ponen su activismo por encima del derecho a la información veraz.
Cursando 2º de Derecho | Administrador de @DivulgoDerecho | CFGS de Producción de Audiovisuales, Espectáculos y Eventos