El 22 de enero del 2002, luego de planificar, organizar y dirigir actos terroristas en mi natal Cochabamba, que incluye la cruel muerte de los uniformados, Marcelo Trujillo y Antonio Gutiérrez, Evo Morales fue expulsado del Congreso de Bolivia.
El cocalero y sus panegiristas mostraron la expulsión como un acto de «racismo» y «discriminación». La tesis de Morales contó con el apoyo de la izquierda y un sector del periodismo europeos. Sin embargo, nadie mencionó las emboscadas callejeras que los cocaleros realizaron contra militares, policías, periodistas y ciudadanos comunes. Tampoco se habló de la quema de más de 25 vehículos de la prefectura de Cochabamba, menos de los uniformados heridos por armamento de alta precisión. No eran actos terroristas, sino «protestas sociales» contra un Estado opresor de «indígenas».
En octubre del 2003, usando los mismos métodos, Evo Morales, Felipe Quispe y el traidor de Carlos Mesa lograban derrocar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Ese golpe a la institucionalidad democrática de Bolivia les permitió a los subversivos poner a un títere manipulable como presidente; garantizar impunidad por sus delitos; destrozar la reputación de quienes defendieron la patria. Entre ellos, el ministro Carlos Sánchez Berzaín; adelantar elecciones de manera forzada y usar el aparato del Estado para garantizar la victoria electoral de Morales el año 2005.
Una vez en el poder, Morales, obviamente, asesorado por Cuba y Venezuela, se lanzó a un proceso constituyente para, en sus propias palabras, «refundar» Bolivia. Luego de varias irregularidades y sangre derramada, el 22 de enero del año 2009, Evo imponía la Constitución del Estado Plurinacional, junto con el nacimiento de una «nueva» Bolivia.
Contrario al 6 de agosto, la tradicional fiesta patria de Bolivia, el 22 de enero no despertaba en el boliviano ningún sentimiento patriótico, de hecho, causaba rechazo, hasta ahora lo hace. No obstante, la dictadura aprovechó la oportunidad para aplicar violencia. Por ejemplo, el 22/01/2010, al celebrarse el primer año, las milicias de la dictadura obligaban a cerrar los negocios que permanecían abiertos en el centro histórico de Cochabamba. Asimismo, los medios de prensa de todo el país fueron forzados a transmitir durante horas las incontinencias verbales de Morales y sus secuaces, toda una escena muy típica del Realismo Mágico de Hispanoamérica.
Pero la violencia no se limita a mareros cerrando comercios, sino que abarca a todos los espacios de la sociedad boliviana. Básicamente, no existe una sola institución privada, gremio profesional, asociación empresarial, intelectual, periodista y ciudadano que no se convierta en un potencial blanco de la tiranía, basta tan sólo con ejercer el derecho a pensar. En ese marco, vale la pena recordar la masacre del Hotel Las Américas. La narrativa oficial señalaba que en la madrugada del 16/04/2009 un grupo élite de la Policía Boliviana se enfrentó a una cédula terrorista. Como resultado de la balacera cayeron acribillados Eduardo Rozsa Flores (húngaro – boliviano), Árpad Magyrosi (rumano) y Michel Dwyer (irlandés).
Pero la versión del Gobierno empezó a erosionarse rápidamente. Lo primero fue demostrar que los fallecidos no habían disparado ni un solo cartucho, incluso estaban semidesnudos. Segundo, el supuesto arsenal del grupo terrorista era, aunque usted no lo crea, armamento digno de un museo. Finalmente, en octubre del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre los hechos de la madrugada del 16 de abril de 2009 donde señala que el Estado cometió ejecuciones extrajudiciales y torturas a los detenidos. Igualmente, indica que se debe abrir una investigación penal contra los directos responsables del hecho, el propio Evo Morales, debería ser el primer procesado.
De igual manera, desde 2021, la falta de independencia de la justicia en Bolivia fue cuestionada por al menos siete informes de organismos internacionales, entre ellos: Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), Organización de Naciones Unidas (ONU), Amnistía internacional, Unión Europea, Human Rights Watch (HRW), Comité contra la Tortura de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y World Justice Project. Todos coinciden en señalar el acaparamiento del ejecutivo al poder judicial. Incluso el mismo Evo dijo no creer en la separación de poderes, pues era una doctrina «gringa».
Imparcialidad, independencia e idoneidad son condiciones individuales esenciales en los jueces, y son principios institucionales imprescindibles del Poder Judicial. La realidad objetiva en Bolivia demuestra que la dictadura ha convertido la justicia en un mecanismo de persecución política y encarcelamiento de opositores, entre ellos, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Añez, y en garantía de impunidad de corruptos y criminales, Nemesia Achacollo, por ejemplo. En conclusión, el Estado Plurinacional de Bolivia es sinónimo de corrupción, narcotráfico, muerte y, especialmente, dictadura.
Es una desgracia pata Latinoamèrica