Hay campañas electorales que se parecen a todas las anteriores y hay momentos políticos en los que las reglas del juego cambian por completo. España está entrando en uno de esos momentos. El próximo ciclo electoral no va a desarrollarse en las mismas condiciones que otros procesos.
Y es que no estamos ante una campaña centrada exclusivamente en promesas, programas electorales o en el tradicional intercambio de reproches entre Gobierno y oposición. El contexto nacional es mucho más complejo. Y el Partido Popular tiene ante sí una responsabilidad que va mucho más allá de intentar ganar unas elecciones: debe presentarse ante los españoles como una alternativa de Gobierno preparada para asumir el control de un país que acumula demasiados frentes abiertos.
El viernes pasado lo volvimos a comprobar. Los populares afrontan esta etapa desde una posición política diferente a la de hace unos años. Y no porque haya cambiado únicamente la estrategia de Génova, sino porque ha cambiado España. La realidad ha colocado encima de la mesa problemas que ya no pueden esconderse detrás de una campaña de comunicación.
Durante meses, el debate político ha estado marcado por los diferentes casos de corrupción que han afectado al entorno del Gobierno y al PSOE. La sucesión de investigaciones, informaciones y decisiones judiciales ha ido erosionando la credibilidad del Ejecutivo. Pero sería un error pensar que el problema del Gobierno se reduce a la corrupción. Porque ahora tenemos también Ceuta. Y Ceuta no es un asunto más.
Lo ocurrido en la ciudad autónoma y la gestión posterior de la crisis han introducido una dimensión completamente distinta en el debate nacional: la seguridad, el control de las fronteras, la defensa de la integridad territorial y la capacidad del Estado para anticiparse y reaccionar ante una situación extraordinaria.
La entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio, las dudas sobre las alertas previas, las comunicaciones entre los servicios de inteligencia y las autoridades de la Delegación del Gobierno y las posteriores explicaciones del Ejecutivo han generado un escenario político que difícilmente puede despacharse con una rueda de prensa. La propia dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta ha añadido todavía más presión. Y mientras todo esto ocurre, el Gobierno sigue intentando convencer a los españoles de que estamos ante episodios aislados. No lo son.
La política consiste precisamente en analizar el conjunto. Y cuando uno observa el conjunto, la fotografía es preocupante: corrupción, desgaste institucional, problemas de coordinación, crisis migratoria, tensión diplomática con Marruecos y una oposición que cada vez tiene más argumentos para exigir explicaciones. Ceuta ha colocado además sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿quién está al mando cuando la seguridad nacional se encuentra bajo presión? El presidente del Gobierno no puede limitarse a reaccionar cuando el problema ya ha estallado. Un Gobierno tiene que anticiparse, escuchar las advertencias de sus propios organismos, coordinar a sus administraciones y garantizar que quienes viven en una frontera española no tengan la sensación de estar abandonados.
Las declaraciones del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, sobre las advertencias previas y sobre la respuesta recibida desde Moncloa merecen, como mínimo, una explicación política rigurosa. Vivas ha denunciado que desde el Gobierno se restó importancia a las alertas y ha reclamado el retorno de los menores que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva. Y aquí es donde el papel del PP adquiere una importancia especial.
Alberto Núñez Feijóo ha entendido que la oposición no puede limitarse a esperar a que el Gobierno se desgaste. Tiene que ejercer de alternativa. Tiene que fijar posición y, sobre todo, tiene que demostrar que existe un proyecto capaz de recuperar algo que en política es fundamental: la confianza. La respuesta del PP ante la crisis de Ceuta ha sido clara: defensa de la integridad territorial, exigencia de transparencia, reclamación de responsabilidades y una relación con Marruecos basada en la reciprocidad y en la defensa de los intereses españoles. El partido ha insistido además en que Ceuta y Melilla son españolas y que esa realidad no admite ambigüedades.
Esto explica por qué esta campaña electoral apunta a ser completamente diferente. Porque ya no bastará con decir que Sánchez lo ha hecho mal. Los españoles van a preguntar qué hará el PP cuando gobierne. Y entre las cuestiones estarán: ¿Cómo se protegerán las fronteras? ¿Cómo se reforzará la coordinación entre Interior, Defensa, CNI y las administraciones territoriales? ¿Cómo se garantizará que Ceuta y Melilla dispongan de todos los medios necesarios? ¿Cómo se reconstruirá la confianza institucional? ¿Cómo se combatirá la corrupción sin excepciones? ¿Y cómo se recuperará una política exterior que defienda los intereses nacionales sin complejos y sin improvisaciones? Entre otras.
Son preguntas enormes, pero las que debe responder con total honestidad un partido que aspire a gobernar. Y aquí reside una de las principales fortalezas que debe explotar el PP durante los próximos meses: la campaña no debe construirse únicamente contra Sánchez, sino alrededor de la alternativa a Sánchez. La oposición, en general, tiene que señalar los errores del Gobierno, por supuesto. Pero debe hacer algo más difícil: convencer a una mayoría social de que después del Gobierno de Pedro Sánchez puede venir una etapa de estabilidad, normalidad institucional y recuperación de la confianza.
El pasado viernes no fue simplemente otro día de enfrentamiento político, sino una muestra de que el terreno de juego está cambiando. Hasta hace poco, el Gobierno podía intentar convertir cada polémica en una batalla de relatos. Ahora tiene demasiados frentes abiertos simultáneamente. Y cuando una crisis se superpone a otra, la comunicación política deja de ser suficiente. Los ciudadanos empiezan a preguntarse por la gestión. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.
La corrupción puede desgastar a un Gobierno. La mala gestión debe desgastarlo todavía más. No obstante, cuando ambas cuestiones se unen a una crisis de seguridad y fronteras como la de Ceuta, el problema deja de ser exclusivamente partidista y pasa a afectar a la propia percepción que los ciudadanos tienen de la capacidad del Estado. Por eso el PP necesita estar a la altura. Porque España necesita una oposición firme, pero también responsable. Una oposición que no tenga miedo a llamar a las cosas por su nombre, pero que entienda que gobernar exige mucho más que denunciar.
Feijóo tiene por delante una oportunidad histórica: convertir el desgaste del Gobierno en una alternativa sólida y creíble. No será suficiente con ganar la batalla parlamentaria. Tampoco con ganar las encuestas. Habrá que ganar la confianza de millones de españoles. Y esa confianza se gana ofreciendo respuestas. Desde luego que la próxima campaña no será en absoluto una campaña normal, sino marcada por todo lo que España está viviendo a causa de la corrupción, por el deterioro de la confianza institucional, de la crisis migratoria, por Ceuta, también por nuestra política exterior, por la seguridad y por la necesidad de recuperar una normalidad que muchos ciudadanos empiezan a echar de menos. Es por ello que Partido Popular no puede afrontar este escenario como un partido que simplemente quiere sustituir a otro, sino afrontarlo como el partido que quiere volver a gobernar España. Y esa diferencia, en política, lo cambia absolutamente todo.
