Han pasado semanas de un verano que únicamente han valido para que la ciudadanía española rebaje su expectativa de nivel de vida, con un IPC por las nubes y muy por encima de las subidas salariales, para que rebaje sus expectativas políticas respecto a un Gobierno secuestrado voluntariamente por los partidos que lo auparon al poder y que nunca cesan de pedir un rescate que nunca se terminará de pagar, y para que se anulen sus expectativas de crecimiento económico, de bienestar social y de seguridad.
Unos meses que han valido para aumentar los niveles de enfrentamiento entre ciudadanos por su pensamiento político o, simplemente, por sus opiniones particulares ya que, para opinar en libertad no es necesario ni mostrar ni poseer ningún tipo de adscripción ideológica más allá que la propia. No hay remedio. Si esa opinión va en contra de las actuales fuerzas políticas que acaparan el poder en este momento en el Gobierno de España, la respuesta de estos es tan directa como traidor, fascista o facha. Sí, según el criterio de la mujer del ex vicepresidente de Sánchez Pablo Iglesias y candidata a dirigir los restos de lo que han dejado de la ilusión de muchos españoles que quisieron apostar por ellos y que realmente se sintieron defraudados, la solución ante la discrepancia de opinión sería la sustitución de estos por aquellos que hace semanas han invadido Ceuta, para aquellos que se saltan las normas, que amenazan el bienestar y la tranquilidad de una ciudad española, que exigen, además, aquello que no son capaces ni de susurrar en sus países, y aquellos que este Gobierno utiliza como arma contra el propio pueblo.
Sí, armas contra el propio pueblo porque muchos de ellos son los que finalmente cometen delitos, usurpan las propiedades ajenas y no respetan lo público, quieren imponer su cultura y sus costumbres sociales y, en muchos casos, hasta religiosas, y en algunas de las ocasiones representan una amenaza claramente abierta a la seguridad nacional por pertenecer a grupos terroristas islamistas. Algo que, por otro lado, no sólo representa una amenaza a la ciudadanía española, sino a la misma religión de Mahoma y quiénes la practican en España, que se ven señalados por su fe que en nada tiene que ver con aquella de la que hacen baluarte los terroristas.
Este punto es sumamente interesante de analizar. Y lo es en el sentido del poco o nulo nivel de control que sobre esta religión se puede tener al carecer de una única cabeza y una única estructura de poder. Existen muchas ramificaciones, algunas más o menos ortodoxas y, no podemos negarlo, en nuestro país no son pocas las ocasiones en las que esos extremismos se van disfrazando para no alterar o llamar la atención y el extremismo y la amenaza va floreciendo al amparo de situaciones que no son observables desde lo público. Las fuerzas de inteligencia se ven obligadas a ejercer un control y seguimiento que supone un esfuerzo añadido a su labor ante el peligro de que se infiltren o crezca entre los fieles musulmanes pensamientos y objetivos destructivos, de muerte, de terror. Y pruebas de ello no sólo la hemos tenido, desgraciadamente, en España, sino que ha ocurrido en toda Europa. Una religión con el nivel de poder de imposición y de seguimiento, con las características de la musulmana, que contempla la Ley Sharía como norma de un Estado controlado por las propias creencias y por aquellos que la controlan, no es compatible con las democracias occidentales y siempre supondrán un enorme reto de control y seguimiento. La amenaza de que la religión llegue a tener un poder en lo político es ya, de por sí, un enorme riesgo para las sociedades democráticas.
Y este concepto social musulmán e islamista tiene su reflejo, también, en los comportamientos de muchos de los inmigrantes que llegan a nuestro país provenientes de estos países en los que no aceptan ni comparten la calidad de las sociedades democráticas si no han pasado por el filtro religioso de las leyes de Mahoma. La adaptabilidad de estas personas y la integración al nivel que los ciudadanos de los países europeos necesitan es harto complicada. Entre los mayores retos se encuentra la consideración de la mujer como una igual respecto al hombre. Esto es un hecho palpable en lo que ha venido sucediendo en Ceuta, y es una nueva amenaza que muchas mujeres sienten estar viviendo en España. Si no como realidad, que en muchas, demasiadas ocasiones, se produce, al menos como seria amenaza. No pocas son las relaciones que se inician entre hombres musulmanes y mujeres que terminan convirtiéndose en una historia de control, dominio y sometimiento, muchas veces ocultada o forzada en el uso de los sentimientos y en el control emocional de las víctimas.
No siempre ocurre así y muchos inmigrantes también ejercen con respeto y dignidad justa, ordenada y admirable un comportamiento más que admirable. Muchas de estas personas vienen con el entusiasmo del trabajo, de progresar y de poder tener una vida con otras oportunidades que no les ofrecen sus lugares de origen. Por ello, saben apreciar, agradecer y contestar con verdadera dignidad humana esa oportunidad.
Lo cierto es que los Estados y los Gobiernos europeos han coincidido en tratar con un buenismo y una pre aceptación sin remilgos de la dignidad humana y de la bondad de quiénes llegan como norma, y esto es un grave error. Los culpables no son ni serán nunca los inmigrantes, que llegan de sus países con un aprendizaje, con unas normas y un concepto de la vida que no son capaces de cambiar o adaptar a las nuevas situaciones. Los verdaderos responsables son la clase política europea que no ha adoptado las medidas necesarias de control y de procesos de adaptación e inserción a nuestra sociedad, desde el aprendizaje del idioma como de las normas, de las oportunidades y de la nueva realidad que deben aceptar y en la que deben aprender a vivir y convivir si no desean que sus pasos les hagan regresar a allí desde donde vinieron.
No llevar un control exhaustivo de las entradas, que siempre deben ser ordenadas y por la vía de la legalidad, o aceptar y fomentar cierta políticas contrarias a los propios principios básicos de integración y de igualdad no tendrán otro resultado que el crecimiento de un problema que ya se está convirtiendo en endogámico. Nunca en España en democracia la ciudadanía se ha sentido más desprotegida. Nunca en democracia una ciudad española, como lo es Ceuta, se ha sentido tan amenazada, tan abandonada y tan mal tratada.
Imagínense que padres mandan a España a sus hijos menores. Estos menores son tratados con las normas españolas y son ingresados en centros en los que se les da de comer, vestir, dónde dormir, se crían y crecen hasta alcanzar la mayoría de edad. La justificación del Estado en no devolverlos a sus padres no es otra que el hacerlo no garantizaría los derechos de estos menores. Es decir, no pueden garantizar que sus familias les den el trato adecuado o les ofrezcan las garantías para un crecimiento digno. Pero resulta que estos menores, una vez que crecen y son mayores de edad, pueden solicitar que esas sus familias con las que se les ha negado el regreso puedan venir a España por un proceso de reagrupación familiar. Al final, España no sólo acepta y además les paga a sus familias le educación y crecimiento de sus hijos con los impuestos de todos sino que, además, garantiza a esas familias que en unos años podrán llegar legalmente al país en el que, además, y de seguro, obtendrán también otra serie de ayudas con el dinero público, de todos. Esto es una auténtica ignominia para el conjunto de la ciudanía de este país.
Nos encontramos ante una guerra híbrida, por supuesto, por la serie de amenazas que se esconden, en ocasiones ni eso, en una inmigración masiva y fuera de la legalidad. Pero el verdadero problema está en que los que nos gobiernan no están, precisamente, del bando de los que los han elegido, sino de aquellos que esperan que los elijan en el futuro hagan lo que hagan.
Periodista, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada, CAP por Universidad de Sevilla, Cursos de doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla y Doctorando en Comunicación en la Universidad de Córdoba.