Todavía se buscaban cadáveres cuando alguien decidió que España ya tenía culpable. No había concluido la identificación de las víctimas, no existía informe técnico y la Justicia apenas comenzaba a trabajar. Pero las conversaciones del centro de control ya circulaban por los medios. Había que explicar una tragedia; o, mejor dicho, había que encontrar a quién endosársela y escogieron a un “pobre desgraciado”.
El accidente había causado ya más de medio centenar de muertos y de un centenar de heridos. Sin embargo, toda aquella devastación debía caber en la equivocación de un trabajador. Era la explicación perfecta: sencilla, humana y, sobre todo, políticamente barata. Un operario tiene nombre; el deterioro institucional, no. Un subordinado puede ser expuesto; un sistema entero resulta mucho más difícil de juzgar. No digo que aquel hombre no tenga responsabilidad. Puede tenerla, incluso gravísima. Digo que nadie decente condena primero y averigua después. La Justicia deberá determinar qué hizo, qué información poseía y qué podía razonablemente exigírsele. Entretanto, lo ampara la presunción de inocencia. No como una cortesía jurídica, sino como la última muralla entre una sociedad civilizada y el linchamiento. Está claro que aquí no se buscaba justicia, sino un cortafuegos.
Un sistema de alta velocidad no puede descansar sobre la infalibilidad de un empleado. Precisamente porque el hombre se equivoca, existen automatismos, redundancias y protocolos. Si un solo error basta para producir decenas de muertos, el problema no termina en quien se equivoca: comienza en quienes construyeron o toleraron un sistema incapaz de contener su error.
El LZB había fallado, seis trenes quedaron detenidos y la circulación pasó a gestionarse en condiciones degradadas. Estos hechos no absuelven al trabajador, pero impiden convertirlo honestamente en explicación total de la catástrofe. La expresión «error humano» es aquí una verdad parcial utilizada como mentira completa. Hubo seres humanos en el centro de control, desde luego; pero también eran humanos quienes dirigían el sistema, recibían advertencias, distribuían recursos y decidían prioridades. Resulta curioso que la humanidad solo aparezca cuando sirve para culpar al último empleado y desaparezca en cuanto la responsabilidad comienza a ascender hacia los despachos.
Karl Jaspers distinguió la culpa penal de la responsabilidad política. La primera pertenece a los jueces; la segunda acompaña al poder. Nuestros gobernantes, sin embargo, han perfeccionado una doctrina más cómoda: los éxitos pertenecen al ministro y las catástrofes al técnico. La fotografía de la inauguración es política; el fracaso siempre resulta laboral, fortuito o subalterno. Eso no es gobernar. Es apropiarse de los honores y desertar de las responsabilidades.
La maniobra, además, ha resultado demasiado visible. Quisieron ofrecernos un culpable y nos mostraron un chivo expiatorio. Señalaron con tanta prisa que terminaron iluminando las manos que señalaban. Pretendían que España mirase hacia abajo y consiguieron que muchos levantaran la cabeza. No han logrado sacrificar al trabajador, salvo ante quienes han permitido que unas siglas les colonicen la inteligencia y les anestesien la conciencia. Esos aceptarían cualquier explicación que absolviera a los suyos. Si gobernaran otros, pedirían dimisiones; como gobiernan quienes desean proteger, reservan la prudencia para el poderoso y la condena anticipada para el subordinado. No contemplan la realidad para conocerla, sino para deformarla hasta que absuelva a su partido.
Fuera de esa ceguera voluntaria, la filtración ha producido el efecto contrario. La pregunta ya no es solamente qué hizo el trabajador, sino por qué existía tanta urgencia en que toda España lo considerara culpable. La víctima propiciatoria se les ha escapado del altar. El hombre que debía simbolizar la culpa parece ahora representar el abandono: el empleado que recibe las órdenes y, después, también las responsabilidades de quienes estaban por encima.
Personalmente, concibo la autoridad como algo que exige exactamente lo contrario. Quien ocupa el lugar más alto debe asumir el mayor peso, no arrojarlo sobre quien está debajo. El poder es carga, no privilegio; servicio, no escondite. La lógica empleada recuerda, en cambio, a Caifás: conviene sacrificar a uno para preservar la estructura. No hace falta que aquel trabajador sea completamente inocente para que el sacrificio resulte inmoral; basta con que su posible error sea utilizado para ocultar las responsabilidades ajenas.
Me duele España. Pero, sobre todo, me enfurece verla sometida a una política que intenta administrar hasta nuestros muertos mediante el relato. Me enfurecen las condolencias oficiales acompañadas de filtraciones oficiosas; la solemnidad ante las cámaras y la cobardía detrás de ellas; la pretensión de convertir una tragedia sistémica en la culpa portátil de un pobre desgraciado. Quisieron endosarle decenas de muertos. No lo consiguieron. Consiguieron algo peor para ellos: que viéramos el procedimiento. Y mientras unos luchaban por dominar la narración, entre los restos del accidente un hombre se despedía por teléfono de su esposa y de sus hijos. Consciente de que podían ser sus últimos instantes, no pronunció una consigna ni buscó culpables. Dijo simplemente: «Dios es bueno».
Hoy conocemos que esa no fue, finalmente, una despedida, pero la frase juzga toda nuestra miseria. Mientras el poder selecciona voces para protegerse, un moribundo utiliza la suya para afirmar la esperanza. Mientras algunos convierten a los muertos en material político, aquel hombre entrega a su familia una última certeza. Sí, Dios es bueno. Por eso la verdad importa. Por eso el débil no puede ser sacrificado para absolver al poderoso. Y por eso cada cual deberá responder: el trabajador por sus decisiones, si fueron culpables; y quienes mandaban, por el sistema que dirigían y por el uso que hicieron de la tragedia.
«Exsurge, Domine, et iudica causam tuam». Porque quisieron entregarnos un culpable y acabaron revelándonos un chivo expiatorio. Porque señalaron hacia abajo y consiguieron que, como rara vez ha pasado, los ciudadanos levanten la mirada. Porque todavía no habían enterrado a los muertos y algunos ya estaban intentando esconderse detrás de ellos.
Soy estudiante de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos. He colaborado como columnista en Ceuta Actualidad (Ceuta Ahora) y en EDATV, donde he escrito sobre cuestiones de actualidad política, social y cultural.
Como católico, siento una especial inquietud por nuestro papel en la vida pública, la filosofía, la moral y el humanismo cristiano. A través de mis artículos, busco reflexionar sobre los desafíos de nuestro tiempo desde una perspectiva que sitúe la dignidad de la persona y los principios éticos en el centro del debate público.
