Hay casos judiciales que parecen obligarnos a elegir entre la compasión y la justicia. El de Lindsay Clancy es uno de ellos. Sin embargo, esa elección es falsa. Es posible reconocer la gravedad del sufrimiento psíquico de una persona y, al mismo tiempo, preguntarse si conservaba capacidad suficiente para responder penalmente por sus actos. Cora, Dawson y Callan Clancy, de cinco años, tres años y ocho meses, murieron el 24 de enero de 2023. Su madre no ha discutido haber causado sus muertes. La controversia sometida al jurado no consistía, por tanto, en determinar quién lo hizo, sino en establecer si Lindsay Clancy era penalmente responsable cuando lo hizo.
El 4 de septiembre de 2026, después de varias semanas de juicio y siete días de deliberaciones, el juez William Sullivan declaró un mistrial porque el jurado no consiguió alcanzar una decisión unánime. No hubo condena, pero tampoco absolución. Clancy continúa acusada y la siguiente comparecencia judicial está prevista para el 29 de septiembre.
Después del juicio, el abogado defensor Kevin Reddington sostuvo públicamente que once miembros del jurado eran favorables a la absolución y que un único jurado impidió el veredicto. Esa distribución no ha sido confirmada oficialmente. Associated Press señaló expresamente que no estaba claro cómo se había dividido realmente el jurado. Lo único procesalmente acreditado es que no existió unanimidad. Esta precisión resulta esencial. Una declaración de la defensa, por comprensible que sea dentro de su estrategia, no puede transformarse retrospectivamente en un veredicto que nunca existió.
Si aceptamos como hipótesis la versión ofrecida por el abogado y un solo miembro del jurado consideró que Clancy conservaba responsabilidad penal, su postura no debería ser tratada como una anomalía, una crueldad o una falta de sensibilidad hacia la enfermedad mental. Podría representar, sencillamente, la convicción de una persona que no consideró probado que aquella enfermedad hubiera eliminado las capacidades exigidas por la ley.
Un diagnóstico no decide un veredicto. La cuestión central del caso ha sido presentada con demasiada frecuencia de una manera simplificada: o Lindsay Clancy sufría una psicosis posparto y debía ser absuelta, o no estaba enferma y debía ser condenada. Ese planteamiento es incorrecto. Una persona puede padecer una enfermedad mental grave y continuar siendo penalmente responsable. También puede desarrollar conductas aparentemente organizadas mientras atraviesa una alteración psicótica. La valoración forense no puede resolverse mediante ninguno de esos automatismos.
El estándar de Massachusetts procede de la doctrina establecida en Commonwealth v. McHoul. Una persona carece de responsabilidad penal cuando, como consecuencia de una enfermedad o defecto mental, ha perdido sustancialmente la capacidad para apreciar la criminalidad o ilicitud de su conducta, o para adecuar su comportamiento a las exigencias de la ley. Commonwealth v. McHoul. Una vez introducida prueba suficiente sobre una posible falta de responsabilidad, corresponde a la acusación demostrar más allá de toda duda razonable que la persona conservaba esas capacidades. Así lo recogen las instrucciones oficiales de Massachusetts sobre responsabilidad penal. Por tanto, no bastaba con acreditar que Clancy estaba deprimida, había recibido tratamiento, había expresado ideas suicidas o había tomado diferentes medicamentos.
Tampoco bastaba con pronunciar las palabras “psicosis posparto”. Era necesario demostrar qué síntomas presentaba realmente, cuándo aparecieron, cómo evolucionaron y de qué manera afectaron a su comprensión y control durante los hechos. La enfermedad es una cuestión clínica. La responsabilidad penal es una cuestión jurídica sustentada en un análisis funcional. Confundir ambas constituye uno de los errores más frecuentes en la discusión pública de este caso.
Además, no conocemos el razonamiento interno del jurado señalado por la defensa. Atribuirle una motivación concreta sería especular. Sí podemos identificar algunos de los elementos expuestos públicamente durante el juicio que permitían sostener una conclusión favorable a la conservación de las capacidades. La Fiscalía alegó que Clancy había enviado a su marido a recoger un medicamento y comprar comida, creando así un intervalo en el que permanecería sola con los niños. También destacó que, durante el día, había realizado actividades ordinarias, había llevado a uno de sus hijos al médico, había jugado con ellos en la nieve y se había comunicado de manera aparentemente organizada. Resumen del juicio de Associated Press
Ninguna de estas conductas demuestra aisladamente responsabilidad penal. Una persona con síntomas psicóticos puede conservar parcelas de funcionamiento y ejecutar acciones dirigidas a una finalidad. Pero tampoco son datos irrelevantes. Calcular tiempos, crear una oportunidad, seleccionar unos medios y desarrollar una sucesión de actos son comportamientos que deben ser examinados al valorar la comprensión, la anticipación y el control de la conducta. Especial importancia tuvo la afirmación de Clancy de que escuchó una voz que le ordenaba matar a los niños y después suicidarse.
El psicólogo forense Kirk Heilbrun, propuesto por la acusación, declaró que no consideraba creíble la existencia de una psicosis aguda con una alucinación imperativa. Señaló como inusual que aquella voz hubiera aparecido únicamente durante el intervalo temporal relacionado con las muertes, sin fenómenos equivalentes anteriores o posteriores. También identificó diferencias entre los relatos ofrecidos por Clancy a distintos profesionales.
Por su parte, el psiquiatra Avram Mack apreció una enfermedad mental grave y un cuadro depresivo, pero no encontró evidencia suficiente de manía, hipomanía o psicosis que hubiera eliminado la capacidad para comprender la ilicitud o controlar los actos. Gregory Saathoff también consideró que las conductas revelaban planificación y capacidad de control.
La acusación, por tanto, no necesitó presentar a Lindsay Clancy como una mujer mentalmente sana. Su tesis fue más matizada: podía estar gravemente enferma y, pese a ello, conservar las capacidades jurídicamente necesarias para responder por lo realizado. Mientras que la defensa presentó la interpretación contraria. Phillip Resnick sostuvo que Clancy se encontraba claramente psicótica y que actuaba como si otra persona manejara sus decisiones. Paul Zeizel consideró que no apreciaba la ilicitud de sus actos. El jurado tuvo ante sí opiniones profesionales enfrentadas y debía decidir cuáles explicaban mejor la totalidad de la prueba.
Un miembro del jurado no estaba obligado a aceptar la conclusión más compasiva, la más popular o la que hubiera recibido mayor respaldo fuera del tribunal. Estaba obligado a decidir si la acusación había acreditado la responsabilidad penal más allá de una duda razonable. Si el disidente entendió que los expertos de la acusación explicaban mejor las conductas observadas, su conclusión podía ser perfectamente racional.
La psicosis posparto exige precisión ya que es una enfermedad infrecuente, grave y tratable. Puede incluir delirios, alucinaciones, confusión, alteraciones del estado de ánimo y pérdida de contacto con la realidad. Su frecuencia se sitúa aproximadamente entre uno y dos casos por cada mil nacimientos y constituye una urgencia que requiere atención inmediata. ACOG y NHS
Suele comenzar bruscamente durante los primeros días o semanas posteriores al parto. El hijo menor de Clancy tenía ocho meses cuando sucedieron los hechos. Esta distancia temporal no permite descartar por sí sola la hipótesis de la defensa, porque lo relevante sería conocer cuándo comenzó el proceso y cómo evolucionó. Pero sí obligaba a fundamentar cuidadosamente la relación entre el parto, el cuadro clínico posterior y el estado mental del 24 de enero de 2023.
También debe evitarse otro error: una alucinación de mandato no determina automáticamente que la persona carezca de control. Las respuestas a las voces imperativas pueden incluir cumplimiento, resistencia o intentos de negociación, y dependen de factores como la convicción, el poder atribuido a la voz, el miedo, la impulsividad y la percepción de control. Una revisión de 56 estudios publicada en 2026 confirma la diversidad de respuestas ante este tipo de experiencias.
Por eso, la mera afirmación de haber escuchado una voz no puede aceptarse ni rechazarse intuitivamente. Debe contrastarse con la aparición temporal del fenómeno, su contenido, su coherencia psicopatológica, los registros médicos contemporáneos, las manifestaciones anteriores, la persistencia de los síntomas y las posibles explicaciones alternativas. El sentido común no puede sustituir a la ciencia. Pero la ciencia forense tampoco consiste en aceptar una etiqueta diagnóstica sin comprobar si explica de manera coherente la conducta observada.
El sufrimiento y la responsabilidad pueden coexistir. Nada de lo anterior supone negar el sufrimiento de Lindsay Clancy. La defensa expuso que había buscado asistencia en diferentes servicios, había llamado a una línea de prevención del suicidio, había acudido a urgencias y había permanecido ingresada en un hospital psiquiátrico. También señaló los sucesivos cambios de medicación y el progresivo deterioro de su estado. La acusación respondió que los profesionales que la atendieron no habían observado síntomas claros de psicosis o manía y que Clancy no les había comunicado ningún plan de matar a sus hijos.
Su posterior intento de suicidio y las lesiones que le causaron parálisis muestran la enorme gravedad de la situación. Pero la conducta suicida posterior tampoco resuelve retrospectivamente la responsabilidad por las muertes. Es posible que existieran deficiencias en la atención sanitaria. De hecho, se han iniciado reclamaciones civiles contra algunos de los profesionales que participaron en el tratamiento. Esa cuestión deberá examinarse en el procedimiento correspondiente. Una eventual negligencia asistencial no determina, por sí misma, que la paciente careciera de responsabilidad penal. Explicar una conducta no significa necesariamente justificarla. Encontrar factores que contribuyeron a una tragedia tampoco elimina automáticamente la capacidad de decisión de quien la ejecutó.
El juicio fue retransmitido en directo y seguido por millones de personas. Hubo concentraciones de apoyo a Clancy, campañas en redes sociales y una amplia cobertura centrada en las carencias del sistema estadounidense de salud mental materna. Associated Press describió el enorme interés social suscitado por el procedimiento y las manifestaciones celebradas ante el tribunal.
El debate sobre la atención perinatal es legítimo y necesario. Sin embargo, un proceso penal no puede convertirse en el instrumento con el que la sociedad compense todos los fallos de un sistema sanitario. El jurado debía valorar la responsabilidad de una persona concreta, no emitir un veredicto general sobre cómo son tratadas las madres con problemas psicológicos. La exposición a información previa o paralela al juicio puede influir en la valoración de la prueba. Una revisión publicada en Law and Human Behavior constató que la publicidad anterior al juicio puede alterar las decisiones de los jurados, aunque sus resultados no permiten deducir que eso sucediera en este procedimiento ni cuál habría sido la dirección de una eventual influencia. Steblay, Besirevic, Fulero y Jiménez-Lorente
No se ha hecho pública ninguna prueba de que los once miembros supuestamente favorables a la absolución consultaran noticias, redes sociales o comentarios externos. Por ello, no puedo afirmar que estuvieran contaminados por la prensa. Hacerlo sería atribuirles un incumplimiento sin evidencia. Lo que sí puede afirmarse es que el juicio se desarrolló dentro de un clima social intensamente polarizado y que una parte importante del relato público presentaba a Clancy como víctima de un sistema sanitario que no supo protegerla. Ese marco pudo existir en el debate social, pero no debía sustituir a la prueba examinada en la sala.
Tampoco está demostrado que el disidente actuara por prejuicio contra la enfermedad mental. La presidencia del jurado comunicó que un miembro no estaba siguiendo adecuadamente las instrucciones sobre la duda razonable. La defensa pidió que fuera interrogado o apartado. El juez Sullivan rechazó esa petición y la posterior solicitud urgente ante el máximo tribunal de Massachusetts no evitó la declaración del mistrial. Estas decisiones no demuestran que el disidente tuviera razón sobre el fondo del asunto. Pero tampoco permiten presentar como probado que incumpliera deliberadamente sus obligaciones.
Disentir no es sabotear al jurado. La unanimidad no existe para que once personas convenzan necesariamente a la duodécima. Existe para que ninguna persona tenga que abandonar una convicción honesta solo por encontrarse en minoría. Todo jurado debe escuchar a los demás, reconsiderar sus opiniones y corregirse cuando descubre que se ha equivocado. Pero no debe votar en contra de su conciencia únicamente para evitar un juicio nulo, reducir la duración de las deliberaciones o satisfacer la expectativa social de un determinado resultado.
Si el miembro disidente consideraba que la acusación había probado que Clancy conservaba capacidad para comprender la ilicitud y controlar su conducta, tenía el derecho y el deber de mantener su posición. Pedirle que se sometiera aritméticamente a los otros once habría vaciado de contenido la exigencia de unanimidad. Convertirlo después en responsable del fracaso del proceso es una forma de presión retrospectiva. El mistrial no significa necesariamente que el sistema haya fallado. Significa que doce ciudadanos no pudieron alcanzar una conclusión común en uno de los problemas más difíciles que puede plantearse ante un tribunal.
Mi valoración final es la siguiente: no he explorado personalmente a Lindsay Clancy, no he intervenido en el procedimiento y no he revisado íntegramente su historia clínica ni todo el material pericial. Por ello, no puedo confirmar su diagnóstico ni formular una conclusión definitiva sobre su responsabilidad penal. Pero sí puedo afirmar que la información públicamente conocida contiene elementos que permitían cuestionar razonablemente la falta de responsabilidad defendida por sus abogados.
La conducta organizada, la preparación del intervalo temporal, la sucesión de actos, las controversias sobre la alegada voz imperativa, la ausencia de síntomas psicóticos claramente documentados por algunos profesionales y las conclusiones de los expertos de la acusación no podían ser neutralizadas mediante la simple invocación de la psicosis posparto. El jurado disidente, por su parte, si realmente sostuvo la posición que le atribuye la defensa, no se opuso a la ciencia. Pudo negarse a aceptar que una enfermedad mental, por grave que fuera, hubiera eliminado necesariamente la capacidad jurídica de Lindsay Clancy.
Eso no es falta de empatía. Es aplicar la distinción esencial entre enfermedad y responsabilidad. Cora, Dawson y Callan merecen que su muerte no quede relegada detrás de una discusión abstracta sobre el sistema sanitario. Lindsay Clancy merece que su estado mental sea valorado sin prejuicios. Y el miembro del jurado que no compartió la opinión de los demás merece que no se le condene públicamente por haber disentido.
La justicia no es una votación de popularidad. Un jurado no tiene que decidir lo que la opinión pública espera, lo que los medios consideran más humano o lo que once compañeros desean escuchar. Tiene que decidir conforme a la prueba y a la ley. En algunas ocasiones, la justicia se expresa mediante doce voces coincidentes. En otras, su última garantía puede encontrarse en una sola persona que se niega a afirmar aquello de lo que no está convencida.
