Llega un momento en el desarrollo de los acontecimientos en los que los seguimientos y adicciones a las ideologías políticas se convierten en un síntoma enfermizo más que en un hecho de naturaleza política y social natural. Igual de vergonzoso era cuando los adeptos a la derecha defendían al PP de las causas de corrupción de Gürtel y demás que los de izquierda que en estos momentos defienden las andanzas del Gobierno de la reción acabada legislatura, de los partidos políticos que lo componen, y de los partidos que lo han sostenido.
Una persona de cualquier signo ideológico debe centrar su teoría política en los resultados de las políticas aprobadas y ejecutadas y no en las ideas románticas que pudieron sostener su publicación en el BOE. Es más, cuando se pone sobre la mesa cualquier propuesta, de los propios o de los ajenos debería tocar aplicar la práctica de la crítica, del estudio de sus verdaderos impactos y de la veracidad de los objetivos que se piensan cumplir con su aplicación. En la última legislatura la mayoría de propuestas, de leyes de calado aprobadas no sólo no tuvieron el efecto deseado o esperado sino que, además, supusieron grandes retrocesos que produjeron enormes desigualdades y un impacto social de desorden, inseguridad y subida desvocada de los precios; un IPC que forma parte del verdadero impacto que afecta también al sector inmobiliario, tanto el de compra venta como el del alquiler.
El problema, y pienso que esto es muy importante y forma parte del juego de la comunicación de los de Sánchez, no es únicamente el acceso a la vivienda, que ha tenido mucho mayor afectación por la enorme subida de la población por la entrada incontrolada de inmigrantes que por los fondos buitres que sólo controlan entre el 4 % y el 8 % del mercado. La inseguridad jurídica de los propietarios ha sido uno de los elementos decisivos para la retirada de muchas viviendas, como lo ha sido tras la aprobación de la última Ley a fuego y de emergencia tras haber sido rechazado en el Congreso. Unas 5.000 viviendas menos en el mercado, hechos consumados que demuestran, de entrada, no ya la incapacidad de la nueva norma por solucionar, al menos en parte, el problema, sino que lo agrava.
Pero, como decía, esta cortina de humo negro, por su realidad, no hace sino ocultar el verdadero problema, la subida del IPC, que en gran parte ha sido consecuencia de la subida de precios del petróleo por la disputa con Irán y el bloqueo de Ormuz, pero también de las energéticas que de forma tan desastroza ha sido gestionada en nuestro país. Tanto es así que, apostando por las energías renovables, Epaña se ve obligada a comprar a Francia a un mayor precio, una energía que proviene de sus centrales nucleares, aquellas fuentes energéticas que estamos rechazando de frente en nuestro país y que ha sido demonizada cuando en muchos aspectos puede resultar mucho menos contaminante a la larga que otras que se están vendiendo como energías blancas. Pero bueno, ese es otro asunto. Lo terrible son las consecuencias que toda la población sufrimos de la pésima gestión de los ecologistas de una izquierda perdida que nada tiene que ver con lo que realmente una verdadera izquierda debería buscar y alcanzar.
Las arcas públicas no sólo tiritan después de someter a la población a un nivel fiscal como nunca hemos sufrido, debido a las políticas de pan para todos a costa de unos pocos, sino que enajenan nuestros recursos para «premiar» a aquellos que entraron ilegalmente en nuestro país, todo un despropósito que nada tiene que ver con los derechos humanos sino, más bien, con intereses electoralistas y de control social a base del propio descontrol, de desviar la atención de la ciudadanía y el uso político de los problemas generados como herramienta para acusar a la derecha de fascista. Toda una suma de despropósitos que cualquier persona de izquierdas, de corazón de izquierdas, no debería tolerar en su nombre.
La inmigración es un proceso natural cuando se desarrolla de forma controlada y no cuando se facilita el negocio de las mafias y no se castiga o revierte el proceso de la ilegalidad en el traspaso de las fronteras. La inmigración no es el problema, el problema es la pésima gestión de la inmigración y el altísimo coste que nos ha generado. Subvencionar a personas, además, que han llegado de forma irregular no es sino una llamada a que vengan más inmigrantes y lo hagan de esta manera. Finalmente, todos sabemos que ese camino no es nada bueno ni para ellos ni para nosotros. No podemos facilitar a estas personas, por economía y por decencia ante las necesidades no cubiertas de los propios, todos los recursos para que puedan vivir mejor que personas que trabajan y que apenas llegan, si lo hacen, a finales de mes. De ahí el calado de la propuesta de VOX con lo de «los españoles primero», una extensión interpretada del «hacer a EEUU grande de nuevo» de los de Trump.
No es una falacia ese pensamiento cuando la pésima gestión del Gobierno de Sánchez ha provocado, precisamente, mayores desigualdades, también territoriales gracias a las cesiones a nacionalistas para pagar con el dinero de todos su continuo apoyo a su mantenimiento en el poder. Democráticamente, supeditar a los intereses partidistas y de permanencia en el poder de la izquierda a la disigualdad territorial no es sólo completamente contradictorio, sino especialmente indignante y vergonzoso en términos sociales, ideológicos y hasta democráticos.
La sumisión del Gobierno de Sánchez a terceras potencias dependiendo del provecho que puedan sacar los suyos de esas relaciones o por el sometimiento y chantaje que esos países puedan hacer al Presidente y su entorno, en potencias como Marruecos o China, verdaderas amenazas para la estabilidad de Europa y hasta de los propios territorios españoles que no se supieron defender es de hacérselo ver en términos de apoyo electoral o de convencimiento ideológico.
Si hablamos ya de los casos de corrupción ya demostrados, contratación de prostitutas con dinero públicos y los tantos escándalos de todos conocidos y hablamos, asimismo, de seguir apoyando a estas personas, que no ya partido político o ideología es o debe ser producto de una enajenación mental fruto de un adoctrinamiento insano. Ya sabemos muy bien que el Gobierno de la ya pasada legislatura se ha trabajado muy bien los relatos, los eternos relatos, los argumentarios y el miedo a la ultraderecha, a los fachas. Esto, mientras han actuado con la clara intención de ejercer un control férreo de todos los poderes del Estado, también el judicial y el policial, por no hablar del ejército. También han cultivado la tan poca democrática práctica de deslegitimar a los medios de comunicación que no les son afines y no ocultan sus casos de corrupción o justifican sus tropelerías y barbaridades varias. Decir las cosas claras en este país ha pasado a ser una profesión de riesgo. Y, cuando en un país la libertad de expresión y los medios se ven sometidos al escrutinio del poder ejecutivo esa democracia está en serio, en muy serio peligro, algo que desde un punto de vista democrático, pero también ideológico para los socialistas debería de haber sido una barrera infranqueable. Señalar con nombres y apellidos a periodistas desde un Gobierno es un atentado contra los derechos más elementales que debería ser censurado y castigado penalmente.
Al año son más de 100 periodistas los asesinados en el mundo precisamente por eso, por ser valientes y contar la verdad, al menos la verdad de la que disponen; una verdad que expresarla es un derecho fundamental, inequívoco y completamente irrenunciable en un estado democrático. Que un Gobierno que se tilde de progresista y demócrata señale a periodistas es un síntoma más de la enfermedad endémica que nos invade, por la acción y por la nula reacción social y académica ante este tremendo hecho. La crítica va también dirigida a otros partidos que han decidido, metafóricamente, matar al mensajero impidiendo a periodistas de medios no afines entrar a sus actos o responder a sus preguntas. La censura social es el intento y la posible consecuencia de estos hechos. Y la censura no se practica desde parámetros democráticos.
Hay otro factor que juega mucho en todo lo que está ocurriendo. Se trata de la sensación de enemigo. Y no me refiero a la sensación de que los otros, los que sean diferentes, sean nuestros enemigos, sino al contrario. El efecto con el que se ha jugado y se ha trabajado desde los estamentos del Estado es hacer pensar a la ciudadanía «progresista» que ellos mismos son enemigos de los otros, de los que no haceptan sus formas de hacer política, sus políticas en sí, y advierten de sus calamitosas consecuencias. No es posible que, tras ocho años de un Gobierno que se llama progresista nos encontremos con el mayor agujero patrimonial de nuestra Seguridad Social, y con una deuda pública del 100 % de nuestro Producto Interior Bruto (PIB).
En el ámbito de la gestión esconómica de los recursos del Estado cabe destacar que el Tribunal de Cuentas ya apercibió a los Gobiernos de Sánchez por errores de registro, desfases contables (como el detectado en las cuentas de 2024 por valor de más de 4.090 millones de euros) y la omisión de numerosas entidades del sector público estatal en los balances oficiales, además de supervisión insuficiente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las contrataciones de emergencia y la falta de justificación durante la pandemia, o la falta de comprobación de que los beneficiarios de subvenciones estatales cumplían efectivamente con los requisitos o justificaban el destino final del dinero público. Curiosamente, una falta de comprobación y de justificación, a la vez que una cuestionable toma de decisiones apresurada es la que se ha dado con la conocida como «Ley de nietos» que tiene como fin no sólo nacionalizar a personas que, aunque sean descendientes de españoles emigrados a otros países jamás han pisado España. Una circunstancia que se da cuando se acercan elecciones y el nivel de impopularidad de Sánchez y los suyos va creciendo al mismo rítmo que la crispación que tratan de generar en la población increpando cada vez más a los disidentes con exabruptos, amenazas, insultos como fascistas o con la misma violencia física si es necerario. La Historia terminará por calificar a Pedro Sánchez y sus periodos al frente del Gobierno como ya se pueden imaginar.
Pero volviendo al hilo conductor, más allá de que las artimañas que se van conociendo de Sánchez y los suyos para dar un vuelco a los esperables resultados en las urnas al más puro estado social comunista latinoamericano, lo que resulta más hiriente para una persona que se considera de izquierdas pero que tiene el sentido común por bandera es que gran parte de la izquierda ciudadana de este país se esté tragando todo lo que le están echando, que entre al juego de la violencia, del insulto, que aguanten la corrupción, el machismo y hasta el «buitrismo» de muchos de sus ministros y diputados, que acaparan muchas más propiedades que la derecha. O el hecho de que no dejen de delatar la mala situación en la que se encuentran los servicios públicos de las comunidades gobernadas por la derecha mientras que obvian el estado en el que se encuentran no ya las escasas gobernadas por la izquierda, sino los servicios públicos del Estado, como son las carreteras, Renfe y las vías ferroviarias, también los trenes, o Correos, a la que han desfalcado de su patrimonio, dejado en la ruina más absoluta y con pérdidas millonarias en ocho años, la mayoría ocupadas en su dirección por el íntimo amigo de Sánchez, el señor Serrano, que no tenía ni idea de dirigir absolutamente nada cuando el number one le ofreció en agradecimiento por su apoyo ese puesto. ¿A nadie le parece todo esto sintomático? ¿Nadie ve el nivel cínico de la izquierda con todos sus relatos?
Y ojo, que no hago mis alocuciones por defender a la derecha, que también tiene lo suyo, sino por describir y opinar con hechos sobre una realidad más que preocupante. De hecho, una de las pruebas más feacientes de los errores que comete la derecha es la situación de la enseñanza y de los profesores en Madrid. No hay que ser retractor de Ayuso para darse cuenta, aunque sea comparando con otras comunidades autónomas y revisando el coste de vida en esta comunidad de lo castigados que están estos profesionales a los que se les niega una ratio adecuada para dar sus clases, o un sueldo medianamente justo para poder asumir sus gastos de acuerdo a su nivel profesional y su esfuerzo, o el alto nivel de burocracia al que los someten que ocasiona que pasen gran parte de su tiempo «libre» en sus casas realizando trabajos y tareas para las que no tienen tiempo en el horario de trabajo. Y esto, además, en la única comunidad, junto a Cataluña, en la que los alumnos deben de pagar para cursar sus estudios de la FP. Nada más y nada menos que 400 euros por curso, algo que para muchos no supondría demasiado pero que para muchas familias es completamente inviable.
Y hablamos de educación pública, la de una de las comunidades que menos invierte de presupuesto por alumno. Ayuso puede estar más o menos acertada en muchas cosas, pero con la enseñanza pública se está equivocando y mucho, y no es de extrañar el enfado del profesorado y también del alumnado. Recuerdo hace unos días, cuando le hicieron una entrevista en el programa Horizonte, que relacionó el hecho de que los resultados en Madrid del informe PISA eran los mejores de España y que, a pesar de eso, le montaban una huelga. No, Isabel, una cosa tiene que ver con el esfuerzo enorme y acierto del profesorado en impartir su formación y otra con cómo son tratados por la Administración Pública autonómica. Ese dato, lejos de darte razones, te las quita, porque los profesionales no reciben la compensación económica a sus esfuerzos y a sus resultados.
Que a estas alturas Isabel Ayuso siga manteniendo sus trece con esta cuestión creo que no sólo demuestra una torpeza política de la que no considero que haga gala, sino que, además, es un despropósito en estos momentos poíticos y sociales tal y como se están desarrollando los acontecimientos. La causa merece, en primer lugar la escenificación pública de un diálogo fluido con los sindicatos y, en segundo lugar, una transparencia absoluta en esas conversaciones y en la obtención, finalmente, de un acuerdo justo y responsable con la actual situación. De lo contrario, creo que esta causa puede tener mayor capacidad de contagio y de movilización que la acampada de Sol, que cada día va perdiendo más fuelle.
Lo cierto es que, volviendo para cerrar el hilo conductor principal de este artículo, cuando el Gobierno de Sánchez ha conseguido que el conjunto de la población se sienta como el enemigo de la otra parte no ha movilizado ya contra los otros sino que ha movilizado en defensa de lo propio. Cuando esto se llega a conseguir en los dos bandos, si es que existen, ya que yo considero que se han recreado, se han reavivado y están soplando para que ardan, el peligro de estallido social es sumamente alto, y eso es lo último que necesitamos en este país, pero es lo primero que necesita la izquierda, porque de esas situaciones y del relato del victimismo y el miedo es de donde sacan sus argumentos para conseguir los votos. Los dirigentes de derechas deben luchar para contrarestar esa crispación, es lo primero, lo primordial, conseguir un estado de cosas que sea propiocio para el debate sereno, escenario en la que los de Sánchez tienen todo para perder. Ojo avizor.
Periodista, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada, CAP por Universidad de Sevilla, Cursos de doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla y Doctorando en Comunicación en la Universidad de Córdoba.