Apenas unos días después de haber comenzado el 2025, vemos que promete ser igual de intenso que su predecesor. Y es que, si has tratado de desconectar, aunque sea por un día, de la política nacional en el periodo de Navidad, seguro que te has perdido algo. Ni siquiera el comienzo del año y las uvas han podido estar exentas de polémica y división entre la población. Cuando todo el país estaba esperando oír los cuartos, lo que se escuchó fue una “broma” que ofendió la fe de gran parte de los españoles.
Hay quienes puedan pensar que quizás el comentario fue sobredimensionado y que no ofendió tanto como una parte de los españoles nos quiso hacer ver. Pero lo que es evidente es la naturaleza del mismo, que iba buscando precisamente generar esa reacción, y los del otro lado picaron el anzuelo. Es fácil deducir que todo estaba preparado, porque el Gobierno no tardó ni un día en intervenir en el asunto. Ya no se habló del vestido de Cristina Pedroche, ni de la reacción de Chicote, ni del Especial de José Mota; desde el primer día del año, los titulares se basaron en la nueva polémica con la que crear división.
De ahí surgió la primera ley para 2025: tratar de limitar la acusación popular. Realmente, al Gobierno no le importa si Abogados Cristianos denuncia o no a Lalachus, siendo totalmente desafortunada la estampita; la mayoría de los juristas y el resto de mortales con sentido común entendemos que en esa acción no se produce ningún delito. Sin embargo, no pasa lo mismo con el resto de casos que el entorno del presidente tiene sobre la mesa.
Tanto la mujer de Pedro Sánchez como su hermano están siendo investigados por denuncias que han interpuesto organizaciones y asociaciones. Si esta medida sale adelante, deberían demostrar tener un “vínculo concreto” con la causa para poder mantenerse como parte. De no existir esta parte acusadora, decaerían los procesos que tienen abiertos, ya que con las circunstancias actuales y con el fiscal general también investigado, no podemos esperar que el Ministerio Fiscal actúe de oficio velando por el cumplimiento de la ley en estas causas. Veremos en los próximos meses cómo se desarrolla esta ley y si se convierte, como todo parece apuntar, en el enésimo atentado contra el Estado de Derecho que acomete este Gobierno.
Además de esto, con el comienzo del año también se han iniciado los actos para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco, el comodín del que tanto conviene tirar cuando no se quiere hablar del presente. 100 actos en un año, prácticamente a dos actos por semana. Visto así, pareciera que no tenemos asuntos más importantes que tratar, que no hay causas más urgentes a las que destinar ese dinero y que no hay temas que nos preocupen más que cuál era la renta per cápita de hace 50 años. En ocasiones me gustaría tener esa inocencia o ignorancia que el Gobierno nos presupone y creerme que de verdad nuestro principal problema es un dictador que murió en su cama hace 50 años, pero es que la realidad es muy distinta.
A la mayoría del país nos preocupa que en Valencia sigan sacando agua de los garajes y que haya mucha gente que ha perdido todo: su vivienda, su trabajo, y todavía están esperando a que alguien les ayude a comenzar de nuevo. También nos preocupa que el nuevo año trae un nuevo impuesto que reducirá más aún nuestras nóminas para mantener un sistema de pensiones insostenible, y nos angustia aún más saber que ningún partido político va a promover su cambio, ya que saben que se enfrentarían a un elevado porcentaje de la población, aunque eso sea a costa de nuestro futuro.
Incluso nos alarma que cada medida que toma este Gobierno se acerque más a ese régimen pasado que tanto se encargan de recordar. Y además, nos debería preocupar que el primer día del año estemos pendientes de politizar hasta el último comentario en lugar de celebrar con nuestros seres queridos, porque la política estropea casi todo lo que toca. Así que vamos a intentar mantenerla lejos, por lo menos, de las cosas que merecen la pena.
