No se trata de ninguna sorpresa. En la España actual, donde a tantos se les llena la boca defendiendo a capa y espada un sistema supuestamente democrático, lo que ocurre ante nuestros ojos es la crónica de una anomalía anunciada; el mensaje es nítido: cuestionar el engranaje, sus instituciones o sus “leyes garantistas” acaba convirtiéndote automáticamente en un hereje. En la actualidad, alzar la voz u opinar fuera del guion oficialista no es un derecho, sino una audacia que se castiga con métodos dignos de la mismísima Inquisición.
Sin lugar a duda, sé reconocer la valentía de aquel que demuestra que el poder establecido se puede —y se debe—cuestionar. Hace unos días, el juez Peinado, instructor del “caso Begoña”, dictaba un auto tan arriesgado como revelador: la retirada del pasaporte de la mujer del presidente del Gobierno ante un posible riesgo de fuga que, a su juicio, podría verse facilitado por los propios escoltas de la Policía Nacional designados por Fernando Grande-Marlaska. Con este movimiento, el magistrado quiso poner el foco sobre una realidad incómoda: el temor a que los altos mandos policiales sirvan antes a los intereses de Palacio de la Moncloa que a los del Pueblo Español. Un dardo directo al corazón de un sistema donde la sospecha de corrupción institucional parece estar peligrosamente enquistada.
Sin embargo, olvidamos a menudo dónde vivimos y cuál es la situación actual de nuestro país. La respuesta del aparato estatal ha sido tan unánime como demoledora. Desde La Moncloa hasta los altos mandos policiales, la maquinaria se ha activado no para colaborar con la justicia, sino para cercar a quien intenta ejercerla. La ironía resulta macabra: un juez frena un riesgo de fuga, un juez que acaba siendo señalado por el propio sistema. A decir verdad, que el órgano del gobierno de los jueces haya decidido expedientar al juez Peinado es el reflejo definitivo de nuestra degradación democrática: en la España actual, la justicia tiene líneas rojas que el poder político no está dispuesto a dejarse traspasar.
¿Cuál es la “sorpresa” causada por todo esto? Que deja al desnudo el nivel de hipocresía que deambula por nuestras instituciones. Ahí tenemos el claro ejemplo de Carles Puigdemont: un hombre que huyó en el maletero de un coche rumbo a Waterloo con la complicidad de miembros de los Mossos d’Esquadra y que, años después, regresó a España para dar un mitin estando en busca y captura, para volver a esfumarse ante las narices de todos con la misma ayuda.
Incluso si miramos más atrás, el histórico caso de Luis Roldán, aquel director de la Guardia Civil que terminó embolsándose una fortuna en patrimonio antes de protagonizar otra fuga de película. Teniendo en cuenta estos antecedentes, que ahora pretendan hacernos creer que el problema es el ‘lawfare’ de los jueces no solo es un insulto a la inteligencia, sino que resulta ser un chiste de mal gusto.
No obstante, todo esto, nada cambia. España asiste con incredulidad a la lenta demolición de un sistema que se desmorona como un castillo de naipes. Las recientes condenas a José Luis Ábalos y Koldo García —a 24 y 19 años de prisión respectivamente— junto a los 4 años y medio de Víctor de Aldama, exento de entrar en prisión por su colaboración activa con la fiscalía, demuestran que, a pesar de la infamia institucional, todavía quedan resortes en los tribunales que intentan hacer cumplir la ley.
Sin duda alguna, este es el último aliento que tenemos, el de una justicia que lucha por respirar a pesar de no ser independiente; un síntoma flagrante de un sistema obsoleto que urge demoler y reconstruir si de verdad queremos garantizar eso que, hoy por hoy, es solo una etiqueta vacía: el «Estado de Derecho».
Y por si queda algún incauto que todavía sea capaz de negarse a cuestionar este país y a hacerse preguntas, ya estoy yo para responderlas. No, yo no llamaría a España un «Estado de Derecho». Porque de ser así, habría que preguntarse qué clase de derechos son los que constituyen nuestra nación. ¿Acaso es un derecho el silencio sumiso ante el poder político? ¿Es un derecho que los partidos colonicen la justicia para garantizarse la impunidad de sus tropelías?
Desde luego, para la casta política son derechos sagrados: sus derechos siempre y nunca los de la ciudadanía. Esto no tiene la cara ni el alma de una democracia real, más bien todo lo contrario. Pero no nos engañemos, no es un fallo del sistema: es su diseño original. Así es como se concibió el Régimen del 78: un Estado blindado por y para ellos.
