España atraviesa uno de los periodos de mayor incertidumbre política de su historia reciente. Lo que sucede cada semana en el Congreso de los Diputados ha dejado de ser un ejercicio de parlamentarismo para convertirse en un mercado de abastos donde la moneda de cambio no es el bienestar de los ciudadanos, sino la supervivencia de un sillón. El último episodio acontecido —la caída de la prórroga de los alquileres ante la incapacidad del PSOE de amarrar el apoyo de sus propios socios— no es un tropiezo accidental, es la confirmación de una legislatura agotada que amenaza con arrastrar al país hacia una parálisis estructural.
Durante meses, la maquinaria de propaganda de Moncloa ha intentado vender la idea de una “mayoría de progreso” sólida y cohesionada. Sin embargo, los hechos son tozudos. ¿Cómo puede llamarse progresista a un gobierno que es incapaz de legislar? ¿Qué tiene de progreso una administración que vive bajo el chantaje permanente de partidos cuyo único objetivo es lograr debilitar las instituciones del Estado?
La realidad imperante es que nos encontramos ante un espejismo político. Un gobierno que no aprueba leyes es un gobierno que no gobierna. Se limita a resistir. La política en nuestro país se ha reducido a una aritmética agónica donde cada votación se negocia in extremis, a menudo en habitaciones oscuras y lejos del escrutinio público, entregando a cambio concesiones que socavan la igualdad entre los españoles. El fracaso en la regulación de la vivienda es solo la punta del iceberg de un ejecutivo que no solo ha perdido la brújula, sino también el timón.
Hace escasos días, el presidente de Adif pronunciaba una frase ante la Comisión Parlamentaria que, aunque técnica en su origen, resume a la perfección el estado de nuestra democracia: “Los raíles se rompen con más frecuencia de lo que creemos”. Si aplicamos esta lógica a la política nacional, la conclusión que saco es demoledora: los raíles sobre los que circulan tanto nuestra convivencia como nuestra estabilidad económica están sufriendo una fatiga de materiales sin precedentes. Dicho con otras palabras: la estructura institucional de España está siendo sometida a una tensión constante por parte de un gobierno que prefiere tensar la cuerda hasta el límite antes que admitir su propia debilidad.
Cuando los cimientos de la seguridad ferroviaria se tambalean, el riesgo es el descarrilamiento físico. En cambio, cuando los cimientos de la seguridad jurídica se quiebran por la inestabilidad parlamentaria, el descarrilamiento es social y económico. La pregunta que todo ciudadano debe hacerse hoy en día es: ¿cuántas roturas más puede soportar el sistema antes de que el daño sea irreversible? El fracaso parlamentario no es un concepto abstracto que solo afecta a los políticos en sus despachos de Madrid, sino que tiene nombres y apellidos, además de rostros en cada barrio y en cada municipio de España.
El primer coste de la parálisis es la inseguridad en la vivienda: miles de familias inquilinas y pequeños propietarios se encuentran desde hoy en un limbo legal. La falta de una norma clara y estable no baja los precios, sino todo lo contrario: consigue generar miedo, retrae la oferta, disparando la incertidumbre… Sin duda, un Gobierno que se dice protector de los vulnerables ha terminado dejándolos en la intemperie como consecuencia de no saber gestionar sus propias alianzas.
El segundo coste tiene que ver con la fuga de inversiones: la economía odia el vacío y teme la inestabilidad. ¿Qué inversor va a apostar por un país donde las reglas del juego pueden cambiar de la noche a la mañana dependiendo de lo que un prófugo de la justicia decida en Bruselas? La parálisis legislativa se traduce a medio plazo en menos empleo, menos crecimiento y una pérdida de competitividad frente a nuestros vecinos europeos y también frente al resto del mundo.
Y el tercero y último es la deslegitimación de las instituciones: cuando el Congreso de los Diputados se percibe como un lugar donde no se solucionan los problemas, sino que se crean, la desafección política crece. Este desgobierno está alimentando el cinismo ciudadano, haciendo que la gente se desconecte de lo público al sentir que sus gobernantes se muestran más preocupados por los juegos de poder que por la cesta de la compra.
España no puede permitirse, bajo ningún concepto, ser un país a la deriva. Un Estado fuerte requiere un Ejecutivo con capacidad de mando, con un proyecto claro y, sobre todo, con la solvencia necesaria para no ser rehén de minorías radicales. El fortalecimiento político de nuestra nación pasa por recuperar la centralidad, la gestión y el respeto a la ley. Frente al caos del “sanchismo” y sus socios surge la necesidad de una alternativa que devuelva la seriedad a las instituciones. Una alternativa que entienda que gobernar no es solo ocupar un espacio, sino ejercer responsabilidades. No se trata de sobrevivir un día más, se trata de construir un mañana mejor.
En conclusión, la “Crónica de un Desgobierno” del desgobierno que vivimos hoy tiene un final escrito si no se cambia el rumbo: la decadencia. Los españoles han demostrado ser más resilientes que sus gobernantes, pero esa resiliencia no resulta infinita. No podemos normalizar que el Congreso de los Diputados sea un teatro de lo absurdo mientras los problemas de la calle se acumulan sin solución. Por ello, es imperativo que recuperemos un Gobierno que crea en España, que respete los raíles de nuestra democracia y que ponga fin a esta parálisis que, al final del día, siempre termina pagando los mismos: los ciudadanos. Ya es hora de dejar atrás la política de la resistencia para volver a la política de la eficacia.
