En España hemos empezado 2026 de una forma trágica: el luctuoso suceso ferroviario en Adamuz (Córdoba) ha marcado un sangriento hito en la historia de nuestro país. A medida que avanzan los días desde el accidente, la opinión pública española va conociendo historias muy tristes sobre los viajeros y la tripulación de los convoyes. Personalmente, me han marcado dos historias: la de la familia andaluza que, como regalo de Reyes, había viajado a la capital para asistir al musical El Rey León y al estadio Santiago Bernabéu, y la del grupo de opositores a Instituciones Penitenciarias que se examinó el mismo domingo para obtener su codiciada plaza.
Como ya vimos en la catástrofe natural de la DANA de 2024, el accidente que ha cubierto de negro nuestro país la semana pasada ha sacado lo mejor de la sociedad civil: el pueblo de Adamuz se movilizó entero, desde el alcalde hasta el cura, pasando por el propietario del bar y el de la carpintería. La ayuda inicial del pueblo fue clave logísticamente para auxiliar y socorrer a los heridos. El rescate no iba de ideologías políticas, sino de humanidad. Posteriormente llegaron los efectivos policiales, judiciales y sanitarios, además de los autobuses que acercarían a los supervivientes que no necesitaron atención hospitalaria a sus lugares de destino. En definitiva, los españoles de a pie estuvieron a la altura de las circunstancias, una vez más.
Por el contrario, en los medios de comunicación y redes sociales hemos asistido a la última guerra civil cainita entre españoles, con el trasfondo del accidente: la eterna pugna por poseer el relato y la verdad de lo ocurrido. El Gobierno quiere correr rápidamente un tupido velo, y desde la central de opinión sincronizada se ha dictado a los periodistas afines que repitan como loros eso de que “todavía es pronto para buscar culpables”. Para los tertulianos afines al PSOE y sus socios, cualquier cuestión acerca de la implicación del Estado en el accidente es comparable al delito de traición, y eso no es así.
Si tiramos de hemeroteca, podemos ver a Óscar Puente abriendo la ventana de Overton a trayectos de pie en los trenes (por ejemplo, de Madrid a Salamanca). También los españoles hemos sido testigos de los presuntos chanchullos judicializados de la trama Koldo y Ábalos en Adif, enchufando a traviesas en consejos de dirección, y no precisamente traviesas relacionadas con las vías férreas.
Tampoco dejaré en el tintero los descarrilamientos que ha habido de trenes de mercancías, como el de Zaragoza del pasado mes de septiembre. Los numerosos retrasos y el encarecimiento de precios de RENFE también dejan mucho que desear, teniendo como principal responsable político al actual ministro Puente, más pendiente de bloquear a usuarios de X (antes Twitter) que no le doran la píldora que de gestionar “la mejor época del ferrocarril de la historia de España”. La nefasta gestión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es tal que su titular ya ha sido reprobado por Congreso y Senado en numerosas ocasiones.
Lamentablemente, la Marca España está muy tocada tras los descarrilamientos del pasado 18 de enero. El Estado español, que siempre se ha vanagloriado de ser un referente en la alta velocidad, se ha tropezado con un hecho que puede costarle muy caro si se demuestra que el accidente se debió a carencias estructurales. Ahora mismo, el mundo nos está mirando. España es tendencia en todos los medios de comunicación y redes sociales, y nuestras infraestructuras públicas ferroviarias están más en entredicho que nunca.
Desde estas líneas, apelo a la confianza en los técnicos y en los trabajadores implicados del sector ferroviario. Estoy seguro de que la gente que conoce dicho sector es la más interesada en que se esclarezcan los hechos. No concibo un tripulante de tren desinteresado en su propia seguridad y en la de los pasajeros. A partir de ahora se abre un periodo necesario para la investigación, pero eso no quiere decir que haya que guardar un silencio sepulcral sobre el tema y que, mientras tanto, las víctimas no busquen justicia por su cuenta mediante instrumentos legales o mediáticos.
La sentencia judicial puede tardar años: tres, cinco o diez. Eso es mucho tiempo para depurar responsabilidades políticas, si las hubiere. Confío, por el contrario, en que la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) esboce pronto las primeras conclusiones. Deseo que se implementen de una vez políticas concretas y exhaustivas que restauren la confianza en los viajes en tren y que, a nivel internacional, no se analice a España como un país tercermundista. La sociedad civil ya ha dado el primer paso; ahora le corresponde al Estado seguir su ejemplo.
Cursando 2º de Derecho | Administrador de @DivulgoDerecho | CFGS de Producción de Audiovisuales, Espectáculos y Eventos