¡Nos controlan!

El pasado 6 de diciembre tuvo lugar la celebración del Día de la Constitución. Lamentablemente, la mayoría de los españoles que no comulgamos con según qué ideas no tenemos mucho que celebrar, debido a que nuestra amiga Constitución llega agotada y gravemente herida a sus cortos 46 años de edad. Aquellos que se vistieron el pasado viernes de gala para su cumpleaños le han pegado por todos lados, los mismos que llegaron sonriendo  a la fiesta, como si ellos fueran los protagonistas.

Asimismo, a principios de la semana pasada, aquellos a los que menciono en el párrafo anterior se dedicaron a ultrajarla, mientras que los que la queremos, admiramos, respetamos y valoramos, nos ven limitados en nuestros derechos más fundamentales. En caso de que queramos viajar, nos vemos obligados a entregar nuestros datos y aspectos de nuestra intimidad, junto con otros datos personales, a agentes, tanto físicos como virtuales, para poder alquilar un vehículo o alojamiento.

La culpa de todo esto la tiene el Gobierno actual, que, a través de la norma RD 933/2021, aprobada y publicada el pasado lunes, introduce una legislación excesivamente controladora. Es por ello que me pregunto: ¿A qué se refiere con la expresión «todos los ciudadanos»? ¿Todos, sin ambages, o, por el contrario, se refiere solo a aquellos que disponemos de DNI o pasaporte, tanto españoles como europeos con tarjeta verde, y extranjeros que residen legalmente? Resulta lamentable que, desde ya, tengamos que informar sobre cosas como con quiénes viajamos, el lugar al que acudimos, de dónde venimos, por dónde nos movemos y otros datos personales.

Entre los datos solicitados por los turoperadores obligados se encuentran los asociados a la tarjeta bancaria, como la fecha de caducidad, el titular, el número de tarjeta, el CSV y, si se trata de un alquiler de vehículo, entre otros. Me ha parecido alarmante que soliciten incluso los datos del GPS. El Gobierno, con la excusa de la seguridad, nos quiere controlar. Ese es el objetivo planteado por los creadores de la norma: poder detener a fugitivos, mientras que a los ciudadanos que nos comportamos legalmente se nos priva de nuestra intimidad.

Queridos lectores, desde estas líneas quiero haceros la siguiente pregunta: ¿dónde queda nuestra libertad? Esta norma pone en la balanza dos derechos fundamentales: la libertad de circulación y la seguridad. ¿Acaso no se puede vivir seguro siendo libre? Claro que se puede, pero no les interesa. Nos prefieren apesebrados y en un redil a todos los que no comulgamos con ruedas de molino. Sinceramente, a mí me priman tanto la libertad como la privacidad.

Además, esta norma implica, en un gran país como España, con su privilegiada ubicación, clima, arte, ocio y magnífico carácter, la restricción de nuestras libertades, algo que resulta bastante contraproducente, especialmente para el turismo, que ocupa un porcentaje significativo de nuestro PIB. No podemos ponerle palos en las ruedas, ya que se van a perder millones de euros en el sector. Desgraciadamente, esta normativa acarrea sanciones, ya que, en caso de que los hoteles se nieguen a recoger y transmitir los datos al Ministerio del Interior, se arriesgan a ser sancionados, lo que los aboca a una disyuntiva.

Sabiendo que la ley del gran hermano acabará siendo solicitada, los turistas pueden optar por otras opciones vacacionales, entre las que se incluyen destinos con trámites burocráticos más ágiles. No obstante, si los hoteles quieren evitar perder clientes, podrían obviar esta recopilación, aunque se arriesgarían a inspecciones y sanciones. Honestamente, tanto los hoteles como el sector turístico en general no cuentan con un panorama excepcional debido a este Gobierno.

La única opción que nos queda a los españoles es acogernos a nuestras garantías constitucionales y negarnos a facilitar determinados datos. Somos el único país que ha implementado esta medida tan restrictiva de derechos, en pos de una falsa sensación de seguridad, mientras que, por otro lado, las fronteras están abiertas de par en par a ciudadanos de países con un altísimo nivel de riesgo, sin control alguno de fronteras, indocumentados y sin certificados de antecedentes penales, a los que el «Gran Estado» acoge con los brazos abiertos, como quien recibe de vuelta al hijo pródigo, sin elevar los estados de alerta antiterrorista. El pastor recoge en el redil a sus ovejitas y le abre la puerta al lobo para alimentarlo.

Celia Rodríguez