La democracia es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos adultos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea directa o por medio de representantes libremente elegidos. La democracia se basa en los principios del gobierno de la mayoría y los derechos individuales.
¿Puede por tanto un gobierno de la mayoría, aunque haya sido democráticamente elegido, hacer lo que quiera? No, porque por encima de todo está la ley y, Gobierno, legisladores, jueces y comunes ciudadanos nos debemos a su cumplimiento. Una democracia debe reposar sobre tres pilares, cada uno de ellos independiente de los otros, es la forma que tenemos los ciudadanos de que el poder del Estado no sea tiránico ni descanse en una sola persona, repartiendo y equilibrando con contrapesos ese poder.
Y, llegados a este punto, debemos preguntarnos, ¿Queremos un Gobierno por encima de la ley o una ley por encima del Gobierno? La pregunta no es baladí, ya que, si el poder judicial reposa también en el poder ejecutivo, se acabó la ley y su independencia. Una democracia que no tiene una diferencia e independencia clara de sus tres poderes es una democracia imperfecta, y eso es algo que debería ver cualquiera, a no ser que vaya en contra de sus intereses. Y si la justicia se ajusta a tus intereses, ya no es imparcial, y por lo tanto deja de ser justicia.
Desde 1985, año en el que Alfonso Guerra mató a Montesquieu, cambiando la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar la forma de elección de los doce vocales de procedencia judicial, empezó el desastre que arrastramos hasta hoy, y ojo, el PSOE mató a Montesquieu, pero el PP no cumplió nunca con su promesa de resucitarlo. Y entre unos y otros, que a día de hoy siguen cambiando los jueces a conveniencia propia, la visión que nos deja a los ciudadanos de a pie es que efectivamente hay dos justicias: la ordinaria, para la gente común, que, si es justa porque ninguno de nosotros elegimos a nuestro juez, y la de ellos, que por mucho currículum que tengan, sabemos quién y porqué están ahí, y es para que, llegado el caso, no muerdan la mano que les da de comer.
Si con el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, ya se le hizo un roto a nuestra imparcialidad judicial, lo siguiente será el nombramiento a dedo de los trabajadores a sueldo del Gobierno, para dictar indultos, constitucionalidad de referéndum o lo que vaya surgiendo para mantener en su sitio el colchón de Moncloa, y el PP, incapaz de cumplir su palabra cuando debió, ahora no sabe cómo salir de esta, y el problema es que pagaremos todos, porque cuando los gobernantes están por encima de la ley, porque mandan sobre ella, la ley será lo que más le convenga en cada caso, y eso ya no es ni ley ni justicia. Paso a paso y de manera firme, nos estamos cargando la democracia, y lo que es más grave, como el Gobierno llegue a controlar el Poder Judicial, nos cargaremos también la España Nación que conocemos y además, será todo legal.
