¿De quién es el problema?

Es tal el nivel de enfrentamiento ideológico en nuestro país y tan grave la necesidad de sostener el poder o ampliarlo de unos y otros que la ciudadanía no nos damos cuenta de todo lo que está en juego. El todo vale mientras no me pillen o mientras que legisle para hacerlo posible es la máxima de todos los gobiernos en los últimos años. Tal es el extremo de este comportamiento, que se llevan a cabo decisiones que son defendidas a capa y espada y que rozan el atentado contra esos derechos fundamentales sobre los que se sustenta nuestra democracia y nuestra denostada Carta Magna.

Si por un lado, nos encontramos con una izquierda que no permite que el PSOE tome la mayoría de decisiones sin imponerle unas condiciones o, incluso, la propia decisión, la máxima de esta izquierda parece centrarse en continuar en el poder y en aumentar el nivel de gasto a costa de un continuo incremento de los impuestos. Una decisión sumamente arriesgada en los tiempos que corren. Prueba de ello ha sido la amenaza arancelaria de Trump y su posible repercusión en el resto de economías. De haber ejecutado su decisión el norteamericano, la debilidad de nuestra economía se habría visto desnudada precisamente por esa dependencia de los incrementos impositivos ante un más que probable descenso del consumo, de la producción y auspiciada, aún más, por la bajada del turismo del que tanto seguimos dependiendo ante esa inestabilidad. Al final, la ciudadanía sufriría un batacazo en sus economías que afectaría directamente a niveles mayúsculos a los más débiles y necesitados.

Pero los gobiernos del PP no están marcando, precisamente, sus mejores resultados en la gestión de sus competencias. Si bien contrarrestan las decisiones del Gobierno central con bajadas de impuestos, también es cierto que reflejan claramente esta menor disponibilidad presupuestaria en los servicios públicos que ofrecen. En Andalucía, la sanidad pública atraviesa el peor de sus momentos, algo que no tiene, a estas alturas, la más mínima justificación en la crisis sanitaria del coronavirus. Los sanitarios se sienten maltratados por la administración mientras que los docentes no dejan de ver cómo su poder adquisitivo se va reduciendo considerablemente y se ven avocados a asumir tal nivel de burocracia que no tienen otra que sacrificar gran parte de su vida personal para poder ofrecer una mínima calidad educativa.

Por otra parte, está la alta tensión que sufren los medios de comunicación a todos los niveles. Es tal la necesidad de exportar a la sociedad, a través de los medios, las versiones interesadas de unos y de otros que llegan a producirse ciertos posicionamientos dignos de estudio. Pero lo más preocupante en este sentido es la censura o el señalamiento de profesionales. Inadmisible. La libertad de expresión y de prensa es uno de los fundamentos de las democracias consolidadas, algo incuestionable. Recientemente se ha llegado a elaborar una serie de normas en el Congreso por las que se podría plantear expulsar a periodistas o medios del edificio, ejecutando una censura previa que atenta directamente contra el derecho activo de los medios a informar en libertad y al pasivo de la sociedad de recibir esa información con pluralidad.

La pluralidad informativa es esencial. A todos nos atrae más o menos la línea editorial de unos u otros medios, pero todos sabemos lo que persiguen o por qué emiten la información en esa línea. La libertad reside en elegir sin censura quién o quiénes nos informan y la interpretación que hagamos de esa información atendiendo al medio que nos transmite esa información. Ejercer una censura previa no sólo considero que es anti constitucional, sino que, además, elimina la función judicial de control de los derechos o límites de este derecho a informar que aparece reflejada en la propia Carta Magna y en las leyes que de ella emanan, centrados principalmente en la defensa del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Son los jueces los que deben determinar si en algún momento, algún redactor o medio supera los límites permitidos en este sentido, y no el poder ejecutivo ni ninguno de los partidos políticos.

Otro asunto que podría llevarnos a preocupación serían derechos tales como el del trabajo o la vivienda. Me resulta muy interesante analizar cómo son mayores las reclamaciones que se llevan a cabo por la falta de vivienda que por la falta de trabajo, cuando, en este segundo caso, son muchos más los afectados. Sinceramente, no comprendo que la izquierda ponga más empeño en cuestionar la propiedad privada, otro derecho constitucional, y no tanto en reclamar empleo pleno. Y, a raíz de esto, cómo pueden no poner límites o hacer políticas que limiten la entrada de inmigración ilegal y no obvien que, denunciando el problema de la falta de vivienda, las nuevas personas que llegan desde fuera también van a necesitar una solución habitacional. Pero es más, esas personas van a condicionar también finalmente los precios porque van a aumentar la demanda sobre la oferta.

Sé que las cosas que digo no son nada populares, o más de uno o dos colectivos se me echarían encima. Es lo que tiene la libertad de opinar hoy en día, que tiene la condena de la censura, el insulto o la incompetencia para poder debatir, algo que se resuelve etiquetando como facha o rojo, pero a mí, a estas alturas, en esto, no me pillan. La responsabilidad de que haya empleo pleno no es sino del Gobierno y de las autonomías en sus competencias; la responsabilidad de que haya viviendas para todos es del Gobierno, no de los ciudadanos que legalmente han adquirido propiedades invirtiendo su dinero, porque cuando una vivienda se pone a la venta todo el mundo tiene el mismo derecho y oportunidad para adquirirla. Eso sí, eso dependerá de muchos elementos, entre ellos los esfuerzos personales y económicos que puedan establecer en su vida para poder hacer esa inversión. Otra cosa son los fondos buitres… pero de esto mejor no profundizar si no queremos llevarnos más de una sorpresa en la misma izquierda sobre quiénes se podrían beneficiar de alguno de ellos.

Y, finalmente, los responsables de la inmigración es el Gobierno, y no lo está gestionando adecuadamente en muchos sentidos. En primer lugar, permitiendo la cantidad de entrada de personas sin un control adecuado. Y, en segundo lugar, porque no está ofreciendo soluciones a estas personas con la rapidez que necesitarían, dejando a la mayoría en un limbo que les impide trabajar legalmente, o estudiar, o integrarse. El problema no es que haya falta de viviendas, o que falten puestos de trabajo, o que haya inmigración en España; el problema es que no se solucionan los problemas y que siempre, unos y otros, no dejan de echar balones fuera culpando al de enfrente.

Eso sí, cuando quieren silenciar a alguien, bien que corren a intentarlo por todos los medios posibles. ¡A ver si va a ser que lo que más les preocupa son ellos mismos y nos están engañando!